La reforma constitucional sobre la que los rusos deben pronunciarse hasta el miércoles permitirá a Vladimir Putin mantenerse potencialmente en el poder hasta 2036, pero más allá de tímidos llamados al boicot o al rechazo la oposición sufre para combatir el proyecto.
Desde el inicio de la votación la semana pasada, los opositores rusos denunciaron a esta consulta como una farsa, subrayando por ejemplo que copias de la Carta Magna ya modificada se encuentran en venta en las librerías.
Desde los liberales hasta los comunistas, las críticas al proyecto son numerosas pero no ha surgido ningún frente común para protestar por la reforma en Rusia.
El principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, que el verano pasado organizó grandes manifestaciones en Moscú a favor de elecciones libre, también ha mostrado poco interés.
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Según los expertos, las profundas divisiones en la oposición y las jugarretas del Kremlin han impedido un combate serio ante los ambiciosos planes de Vladimir Putin.
“Las principales fuentes del problema son una falta de recursos, de nuevos rostros, de entusiasmo, de inspiración y de fe”, dice a la AFP Vitali Chkliarov, investigador y consejero político que ha trabajado con la oposición rusa.
“La oposición en Rusia no cree en ella misma”, resume.
Putin anunció la reforma constitucional en enero ante la sorpresa general, antes de agregarle a último minuto enmiendas que le permiten potencialmente presentarse para dos mandatos adicionales tras el final del actual en 2024.
Los cambios refuerzan también algunas prerrogativas del presidente e inscriben en la Constitución principios sociales conservadores como la “fe en Dios” y el casamiento como institución heterosexual.
Según diferentes sondeos, una mayoría de los rusos apoya las enmiendas de temática social, como la indexación de las jubilaciones, pero tiene poco entusiasmo por la parte política.
DISPERSOS
Esta reforma, la primera desde 1993, ya ha sido aprobada por el parlamento, pero Vladimir Putin insistió en el hecho de que los propios rusos se pronuncien a través de una “votación popular” destinado a legitimarla.
Anunciada en principio para el 22 de abril, la consulta fue postergada a junio a raíz de la epidemia de coronavirus y, según los expertos, este aplazamiento y su organización a toda velocidad tuvieron incidencia en la débil respuesta de la oposición.
Para Tatiana Stanovaya, fundadora del centro de análisis R.Politik, el Kremlin también desarmó a la oposición al proponer a los rusos pronunciarse sobre la reforma de manera conjunta y no sobre cada enmienda en particular.
Oponerse a medidas populares incluidas en la reforma, como las mejoras en las jubilaciones o el salario mínimo, se convierte en misión imposible para la oposición.
“En esta situación, la oposición no sabe qué hacer”, afirma la experta.
El partido liberal Yábloko llamó a los rusos a boicotear una “votación falsificada, ilegal y anti-constitucional”. El partido comunista, por su parte, hizo campaña a favor del “no”, a pesar de que a menudo tiene posiciones cercanas al Kremlin.
Alexéi Navalni, que denunció la reforma como un “golpe de Estado constitucional”, prefiere concentrar los esfuerzos de la oposición en las elecciones regionales de septiembre y las legislativas de 2021.
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