Los salvadoreños José Santos Sánchez y su esposa Sonia González llegaron de forma ilegal a Estados Unidos en 1997 y 1998, tiene cuatro hijos y en 2001 recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege de ser expulsado del país norteamericano.
En 2014 la pareja solicitó "ajustar" su estado para convertirse en residentes permanentes legales y solicitar una tarjeta verde, pero este lunes, de manera unánime, la Corte Suprema sostuvo que el gobierno puede impedir que ellos soliciten la tarjeta si la entrada al país ha sido de forma ilegal.
Pero no son los únicos, la decisión podría afectar a miles de las 400,000 personas que están resguardados bajo el TPS, estatus que es otorgado a las personas que provienen de países donde han ocurrido fenómenos naturales que los haya puesto en riesgo o conflictos armados.
En el caso de la pareja salvadoreña, obtuvieron el TPS después de los terremotos ocurrido en 2001, y desde el 2014 que han solicitado la ciudadanía, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos la han denegado argumentando que no son elegibles porque no habían ingresado legalmente al país y nunca habían sido admitidos formalmente en Estados Unidos.
El caso enfrentó dos secciones de la ley de inmigración. Uno que dice que aquellos en TPS deben ser considerados como "que mantienen un estatus legal" y otro que dice que para ajustar el estatus, un individuo en TPS debe haber sido admitido legalmente.
La Corte Suprema afirmó que el TPS no cuenta como admisión legal a Estados Unidos. También, la jueza Elena Kagan dijo que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que ingresaron al país de forma ilegal y que tienen un estatus solicitar las tarjetas verdes para permanecer en el país. Esto a pesar que el TPS protege a las personas de deportaciones y les permite trabajar de forma legal.
En relación los salvadoreños, Kagan dijo: "El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión de TPS no hace que un participante indocumentado… sea elegible (para una green card)".
Actualmente, hay alrededor de 400,000 personas con estatus TPS en el país y 85,000 han logrado ajustar su estatus. A parte de inmigrantes salvadoreños hay 11 países más que están protegidos bajo el TPS y esta decisión no afecta a los inmigrantes que tienen un estatus y que ingresaron de forma legal al país porque fueron admitidas en su momento.
Los salvadoreños que sentarían un precedente
Durante años el caso de José Santos Sánchez y su esposa Sonia González ha sido discutido porque organizaciones de derechos humanos y de migrantes argumentan que es ilógico basar la decisión bajo la premisa que no "fueron admitidos" porque al otorgarles un estatus de beneficio automáticamente implica la aceptación de sus permanencias.
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En 2013 el Sexto Circuito teniendo en cuenta el Código de Estados Unidos declaró en una nota al pie de página que “usar el término extranjero para referirse a otros seres humanos es ofensivo y degradante”. Además, afirmaba que tener el beneficio del TPS debía de considerarse como un estatus legal.
Para María Zavaleta, vocera de National TPS Alliance, un grupo de abogados defensores de derechos de migrantes, en casos como el de la pareja debe de prevalecer la importancia de la familia y trabajar por mantenerlas unidas.
“Queremos mantener unidas a las familias y algo como esto sería otro obstáculo en el camino para que las personas puedan seguir estando con sus familias”, declaró.