La reciente detención de un comentarista político relanzó un viejo debate en Irak, ya que 18 años después de la caída de la dictadura de Sadam Husein algunas de las leyes en vigor bajo su reinado aún son utilizadas para acallar críticas.
Ibrahim al-Sumeidi fue detenido el pasado jueves en mitad de la noche en su domicilio tras una polémica que se desató por comentarios, difundidos en las redes sociales sin que él lo supiera, en los que criticó la reciente revisión de la ley que rige a la Corta Suprema.
Fue liberado el domingo por la noche tras haber declarado ante un tribunal de Bagdad, pero continúa acusado de "difamación", "insulto a las instituciones" y "falsas informaciones".
Estos cargos remontan al código penal de 1969, redactado poco después del golpe de Estado que llevó al poder al partido Baas de Sadam Husein, y que permaneció sin cambios en 2003 tras la reescritura de la Constitución bajo supervisión de los estadounidenses.
En aquella época, Estados Unidos afirmaba promover la libertad y la democracia en un país que acababa de invadir para poner fin al reinado de Sadam Husein, presidente durante 24 años, y al régimen del Baas, en el poder durante 35 años.
Hoy en día, "se emiten órdenes de detención contra periodistas, militantes o personas que manifiestan su opinión en Irak apoyándose en antiguas leyes de más de 50 años y que prevén a veces hasta la cadena perpetua o la muerte", se indigna el Observatorio de la Libertad de Prensa iraquí.
"Es necesario terminar con las leyes heredadas de los antiguos regímenes totalitarios, que contravienen la Constitución del Irak posterior a 2003", afirmó el director de esta oenegé, Ziad Ajili, en un comunicado.
Asesinatos y secuestros
La persecución judicial no la única amenaza para los militantes. Desde el inicio de una inédita revuelta popular en octubre de 2019, decenas de ellos fueron asesinados o secuestrados -y algunos de ellos continúan desaparecidos desde hace más de un año- sin que jamás el Estado haya encontrado a los responsables.
"Es el ABC de la democracia garantizar la libertad de expresión y de contradicción", escribió en Twitter el jefe del partido Asamblea Suprema Islámica de Irak, Amar al-Hakim, que se presenta como el heraldo de los moderados del lado chiita.
Ibrahim al-Sumeidi "pidió disculpas" por la acusación de "insulto a las instituciones", asegura el tribunal.
Sin embargo, en virtud del artículo 226 del código penal, corre el riesgo aún a siete años de prisión por ser culpable de haber "insultado de manera pública al parlamento, el gobierno, los tribunales, las fuerzas armadas o cualquier institución constitucional".
Esta denuncia, presentada por el Consejo Supremo de la Magistratura, se refiere a grabaciones de Sumeidi, quien en el marco de conversaciones privadas criticó el accionar de varios dirigentes políticos y judiciales, especialmente en torno a la ley sobre la Corte Suprema.
La segunda denuncia fue presentada por el ministerio de Defensa en virtud del artículo 433 sobre la difamación, que establece "una pena de prisión y/o una multa" y considera "la publicación en la prensa" de las declaraciones como "una circunstancia agravante".
La tercera, por su parte, se refiere a hechos más antiguos en el marco del artículo 210 sobre "falsas informaciones". En febrero de 2020, cuando en pleno levantamiento popular el país buscaba dotarse de un nuevo gobierno, Sumeidi causó revuelo en Twitter al escribir que un partido le había propuesto 30 millones de dólares para que utilizase sus contactos y obtener un ministerio.
Este tipo de propuesta no es extraña en Irak, 21º en la ista de países más corruptos del mundo según Transparencia Internacional, pero sí lo es que sea objeto de una denuncia judicial.
"Recordamos al gobierno y a los jueces que la era de la dictadura terminó y que nadie en Irak volverá atrás con la libertad de opinión y de expresión", asegura una carta abierta firmada por cientos de intelectuales en apoyo a Sumeidi.