La “Plaza” es como los guatemaltecos bautizaron en 2015 a todos aquellos espacios, generalmente los parques de sus principales urbes, donde llevaron a cabo las protestas que desembocaron en la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entonces acusados de liderar una estructura de defraudación del erario público.
Cinco años después, la “Plaza” renació. Después de intentos infructuosos de mantener vivo el espíritu ciudadano durante la atropellada presidencia de Jimmy Morales y el inicio de la gestión de Alejandro Giammattei, este sábado 21 de noviembre y ayer, 22, los chapines retomaron la calle.
En esta ocasión, no fue una red de corrupción la que los llevó a la calle, sino el más reciente episodio de colusión entre un Ejecutivo opaco y un legislativo que ha formado una alianza conyuntural en la que aprueba, sin discusión ni análisis, lo que le envía la Presidencia.
Y el Presupuesto 2021 fue la gota que derramó el vaso de la indignación chapina.
Sin discusión
El plan de ingresos y egresos para el próximo año llegó al Congreso el martes, en un documento de 127 páginas. A solicitud de un diputado, se aprobó una dispensa de trámite y una hora después, la “aplanadora oficialista” de 110 diputados ya le había dado el aval.
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En vista de que Guatemala, como el resto del mundo, afronta una pandemia, una dura realidad económica y una apretada situación fiscal, lo mínimo que el país esperaba era una concienzuda discusión sobre cuáles de las prioridades plasmadas realmente corresponden a la realidad del país, a qué rubros se les debe bajar fondos y cuáles no pueden tener una reducción.
Pero esto no sucedió. El presupuesto se aprobó de manera exprés y la ciudadanía de Guatemala sintió, así como en 2015, que “le habían visto la cara”.
Corrupción y prioridades distorsionadas
En medio de una pandemia que tiene de rodillas al mundo, resulta inaudito pensar que el presupuesto 2021 contenga una reducción significativa al Ministerio de Salud, pero Ejecutivo mandó un proyecto con $104 millones menos que en 2019. Asimismo, hay un recorte de $25 millones a los programas de desnutrición infantil. Esto no es poca cosa: en Guatemala, el 46% de menores de 5 años enfrenta esta situación.
La Procuraduría de Derechos Humanos tiene una reducción de $2.5 millones. Curiosamente, el titular de esta entidad, Jordán Rodas, ha emplazado en numerosas ocasiones al presidente por prácticas que debilitan los derechos humanos.
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Por otra parte, el Ejecutivo le da más dinero al opaco “Centro de Gobierno”, una suerte de gabinete paralelo que el presidente Giammattei ha empoderado, y al Ministerio de Comunicaciones (Obras Públicas) que ha estado envuelto en graves escándalos de corrupción.
El fantasma de la represión
Este presupuesto y la falta absoluta de discusión llevaron a la gente a las calles. Y más allá de los vándalos que se tomaron y quemaron el Congreso nacional, la mayoría de manifestantes estaba pacíficamente en la Plaza de la Constitución.
A ellos, la Policía les recibió con bombas lacrimógenas y exceso de fuerza y, un día después, grupos afines al presidente los tachan de “terroristas”. Sobre esto, el diputado Samuel Pérez del opositor Movimiento Semilla dijo que son “terroristas los que de madrugada quitan ($104 millones) a Hospitales en pandemia. Los que eliminan apoyo a la gente en crisis económica para darlo a Comunicaciones donde ‘desaparece’ el dinero. Los que, cuando se manifiesta el rechazo en la plaza, reprimen cobardemente”.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “preocupan las denuncias del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Guatemala” y llamó al gobierno a respetar a los manifestantes.
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Y periodistas como Sonny Figueroa, de Vox Populi, denunciaron infiltrados del gobierno en las marchas pacíficas, quienes tomaban fotografías a los asistentes y quienes provocaban violencia para justificar la dureza policial.
Giammattei, lejos de condenar la violencia policial, reaccionó ayer con un comunicado en el que decía que hay formas ilegítimas de protestar, calificaba de golpistas a los manifestantes y decía que mostraron conductas antidemocráticas. Asimismo, instó a la OEA a procurar el diálogo en su país.
Ese mismo diálogo que su gobierno no propició para un presupuesto importante en un país que se enfrenta a una difícil situación.exceso
El Gobierno de Guatemala a la población en general informa. pic.twitter.com/7V08T8JxVQ
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) November 23, 2020
¿Gobierno sin mayoría pero con aplanadora?
El Congreso de Guatemala es caótico. Dentro de sí, hay 19 partidos políticos y el bando oficialista, Vamos, solo tiene 17 escaños de 160.
Sin embargo, el Ejecutivo tiene una mayoría sólida, la “aplanadora oficialista”. El abogado Edgar Ortiz explicó a El Diario de Hoy que el gobierno de Giammattei ha logrado contar con los votos de 12 a 13 bancadas (de 90 a 110 diputados) por medio de “negociaciones espurias”.
El director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo dijo que “el presupuesto es una moneda de cambio por medio de los ‘consejos de desarrollo’, que son instancias regionales para la construcción de obras públicas”. Estos asignan obras que luego son construidas por empresas que son propiedad de diputados pero manejadas por testaferros, explicó Ortiz. “Así consigue el Gobierno aceitar la maquinaria del Congreso”, añadió.
En resumen, el presupuesto se aprobó con indicios de corrupción y se defendió con represión.