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Relator de la ONU señala “grave ataque” a independencia judicial en El Salvador

Estados Unidos, Human Rights Watch (HRW) y asociaciones internacionales de magistrados también reaccionaron a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial y de la Fiscalía recién aprobadas por el oficialismo legislativo salvadoreño.

Por Agencia EFE/ L. Alas | Sep 02, 2021- 18:46

El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán. Foto: AFP

El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, señaló este jueves un “grave ataque” al sistema de justicia de El Salvador.

“Grave ataque a la independencia judicial. La actuación de las autoridades viola los principios básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura y todos los estándares internacionales en la materia”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Foto: Imagen de carácter ilustrativa y no comercial/twitter.com/UNIndepJudges/status/1433525999388422145

La publicación del también expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se da en momentos en que se ha criticado las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que cesan a los jueces y fiscales sexagenarios, para supuestamente depurar el sistema judicial y la Fiscalía.

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Además tuiteó los comunicados emitidos por el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados y  la Federación Latinoamericana de Magistrados que exponen su preocupación ante el decreto legislativo al considerar que este atenta contra la independencia judicial y separación de poderes.

Foto: Imagen de carácter ilustrativa y no comercial/twitter.com/UNIndepJudges/status/1433548226808844288

Ambas asociaciones internacionales se basan en el artículo 133 ordinal 3° de la Constitución salvadoreña  que establece las facultades de la Corte Suprema de Justicia, así como ponen de manifiesto el irrespeto a los estatus internacionales de los que forma parte el país.

“Me uno a los pronunciamientos de las asociaciones de jueces sobre el preocupante desmantelamiento de la independencia judicial en El Salvador”, escribió en el tuit en el compartió las posturas de las organizaciones de magistrados.

Foto: Imagen de carácter ilustrativa y no comercial/twitter.com/UNIndepJudges/status/1433548232752132098

Este jueves, también, se pronunciaron contra la medida la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Manes manifestó en Twitter que “nos preocupan las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía”, ya que “un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia”.

En similar sintonía reaccionó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Vemos esta medida como un paso más que socava la independencia judicial en El Salvador”, se lee en parte de un tuit que publicó dicha dependencia en respuesta al pronunciamiento de Manes.

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Vivanco indicó en un comunicado que las reformas, aprobadas con dispensa de trámite y sin discusión parlamentaria, “amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades destituyan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más”.

“Desde que los partidarios de (el presidente Nayib) Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General”, apuntó Vivanco.

La medida, votada únicamente por los partidos oficialistas y otros cercanos, no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno.

Un grupo de jueces, según reporte de la prensa local, llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para pedir audiencia y que el pleno de este órgano solicite la derogación de las reformas.

Denunciaron que les restringieron el acceso a la sede de la CSJ y que la Presidencia de este órgano no recibió el escrito, sino que tuvieron que llevarlo a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional.

Con la entrada en vigencia de tal decreto, se removería de sus cargos a aproximadamente 156 jueces y magistrados, entre estos algunos cuyas sedes judiciales conocen de casos importantes. Uno de esos jueces sería Jorge Guzmán, quien lleva el proceso de la Masacre de El Mozote. Analistas han coincidido en llamarlo una “purga” y un paso más en la consolidación del golpe del oficialismo a la democracia.

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