El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dio el domingo un paso firme hacia la reapertura de la economía de su país al anunciar una modalidad de semáforo.
Esta clasifica a los diferentes municipios del país de acuerdo a la incidencia de casos confirmados de COVID-19 con relación a la población, y con base en esto se puede focalizar medidas como el confinamiento o qué industrias pueden reabrir. Es, en esencia, lo que el gremio médico ha sugerido para El Salvador, adaptar las medidas al comportamiento de la enfermedad para no ofrecer medidas muy laxas en territorios duramente golpeados, ni medidas tan restrictivas en lugares con baja incidencia del virus.
Este planteamiento que en teoría funciona muy bien tiene algunas salvedades, de acuerdo con dos médicos y un analista de políticas públicas consultados por este medios. Los tres coinciden en algo básico: la teoría del modelo semáforo puede funcionar, pero sin datos confiables es una estrategia destinada al fracaso en su país.
Lucrecia Hernández Mack, diputada del partido Semilla y exministra de Salud, dijo a El Diario de Hoy que esta modalidad es mucho mejor que el confinamiento estricto y generalizado. “Que haya un semáforo donde se toma en cuenta pruebas, datos, número de casos o criterios epidemiológicos para tomar decisiones es algo positivo en teoría”, manifestó la médico-cirujana cuando fue consultada vía telefónica.
Sin embargo, matizó que hay problemas serios para implementar este modelo: no hay suficientes pruebas para “mapear” el virus en el país ni datos confiables, ya sea porque son escasos o porque son manipulados en el país. “Eso dificulta el criterio técnico sobre el que se hace la clasificación”, advierte.
Esta legisladora identifica otros problemas, como la renuencia de las municipalidades a transparentar sus datos. Esto, pues indica que líderes locales “buscan ocultar casos o resistirse a que se haga pruebas y se detecte el coronavirus porque implicaría degradarse en el semáforo y esto tiene un costo político”.
César Caballeros, internista y endocrinólogo guatemalteco, coincide con la apreciación de la exministra. A su juicio, la decisión fue tomada con un criterio político y económico de reabrir industrias y no con uno médico, tomando en cuenta vigilancia epidemiológica.
Este médico, quien reside y trabaja en el departamento de Sololá, al occidente de la capital, manifiesta que el semáforo es un modelo que puede funcionar con suficiente información. “El problema es que no están haciendo pruebas. En mi pueblo, por ejemplo, del jueves antepasado para acá he detectado 32 casos positivos. Yo, en el lado privado. Y ninguno de ellos está subido al registro porque no sirve ese sistema”, ilustra.
Añade: “Si se segmenta a través de un semáforo para cada municipio tiene lógica, el principio funciona. Pero si no hacés pruebas y hay un subregistro enorme, no te podes guiar por un semáforo que es mentira”.
Por su parte, Edgar Ortiz Romero, abogado y analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que la apertura era necesaria, pues las medidas estaban ahogando a la economía.
Sin embargo, considera que “el desafío es que los parámetros iniciales eran muy drásticos y estas fases son muy benévolas. Esto puede ser por falta de preparación”.
Otro problema que ambos médicos consultados identifican es la capacidad de regular y verificar las medidas de reapertura. Y las imágenes lo demuestran: Guatemala amaneció este lunes con un caos vehicular, grandes aglomeraciones en terminales y mercados, y unidades del transporte público hacinadas.
Esto es, en parte, debido a la falta de planificación, explican. Y es que el presidente Giammattei anunció estas medidas la noche anterior a su implementación, un domingo particularmente plagado de rumores, dudas y noticias falsas, según aclararon a este medio.
Caballeros no es optimista. A su juicio, las medidas “van a reventar”, algo que se agrava cuando se considera que el presidente es “terco, prepotente y no va a reconocer que se equivocó”. A su criterio, por la novedad del virus es entendible que se cometa errores, pero la poca apertura al diálogo y aceptar errores puede jugarle en contra a Guatemala y su estrategia de derrotar la pandemia.
Si bien Hernández Mack ve más factible imponer medidas flexibles que se cumplan a medidas estrictas que se rompen, ve con preocupación que no suceda ni la una ni la otra y se dé paso a una apertura desordenada.
Ortiz, por su lado, tiene dudas de que los municipios sean capaces de administrar un sistema diseñado precisamente para poner a las alcaldías al centro de la estrategia. “Habrá que ver si pueden suministrar pruebas en todos los territorios y responder a picos de contagio para que no haya un ‘abro, cierro’ abro, cierro’”.
Además, critica parámetros que se dieron. Por ejemplo, que se reabra servicios religiosos, cuando estos han demostrado ser lugares de muy rápido contagio del virus. Esto, incluso en los municipios de alerta roja, el nivel máximo, donde ve demasiada flexibilidad.
El problema que ella ve en la estrategia del gobierno es que si bien la reapertura de este tipo es riesgosa, era difícil mantener el encierro total. Esto, porque el gobierno no ha ejecutado los planes de emergencia, no entregó la ayuda a quienes perdieron su empleo o a las micro y pequeñas empresas más golpeadas por el cierre de la economía, y no activó los hospitales temporales.
“Eso se necesitaba para que la gente pudiera quedarse en casa y no morir de hambre”, reflexiona.
“No se le nota lo médico”
El presidente Giammattei es médico y cirujano, pero a juicio del doctor Caballeros, “no se le ha notado” en esta crisis. De hecho, considera que las decisiones las ha tomado apartado de la ciencia y con incentivos políticos y económicos.
Al inicio, matiza, tuvo discursos con algún fundamento técnico, “pero si me preguntas ahora, nada”.
Hernández Mack coincide con él y manifiesta que al inicio, el ministerio de Salud presentó un plan complejo de atención. “Pero cuando ves el semáforo, parece que pesaron criterios no técnicos y presiones de grupos económicos, tanto de empresarios organizados como del sector informal”, lamenta.
En contraste, Ortiz cree que el gobierno no ha sido tan vulnerable a las presiones del sector empresarial, las cuales han existido, reconoce. “De acuerdo con el índice de severidad de la universidad de Oxford, Guatemala era uno de los 3 países de Latinoamérica con medidas más estrictas. La presión más bien viene de los números rojos que se anticipan en el crecimiento económico”, considera, e ilustra que “a nivel de recaudación fiscal, el gobierno ha notado ya un agujero importante”.
Lecciones por aprender
La estrategia de semáforo de Guatemala luce como una aproximación a un modelo que reconoce que no todo el territorio de un país se comporta de la misma manera. Tomar en cuenta número de casos, camas y decesos es un paso más atinado que un cierre total y estricto que ahoga a una sociedad.
El problema, como en cualquier política pública, es que no se basa en datos reales ni completamente claros. Si no se tiene suficientes pruebas y no se sabe a quién se le suministran, la base de la toma de decisiones es muy frágil.
Asimismo, Guatemala puede sufrir las consecuencias de la manipulación de datos y el ocultamiento de casos para tener réditos políticos, algo que múltiples voces han señalado en el país.
Finalmente, el Ejecutivo ha perdido la confianza. Esto es grave, en momentos en que se debe tomar medidas difíciles que requieren sacrificios de la población. Los guatemaltecos, tanto como los salvadoreños, van a sentirse más inclinados a aceptar medidas difíciles si confían en las medidas, si ven los resultados y si saben que el gobierno no usa las emergencias para otorgar contratos oscuros. En ambos países hay indicios de tratos irregulares en ocasión de la emergencia.
El caso de Guatemala es importante por la cercanía con El Salvador, pero también por mostrar cómo la falta de transparencia, de ejecución y la prepotencia de no aceptar que se ha cometido errores pueden resultar altamente dañinas y costar incluso muchas vidas.