La capital de Chile despertó este lunes “en calma”, en la primera jornada laboral desde que se radicalizaran las protestas sociales, con sólo una línea de metro abierta y servicios de autobuses subsidiarios para tratar de que los ciudadanos acudan a sus trabajos con normalidad.
Ocho personas murieron quemadas el domingo en Chile. El país sudamericano tiene a ocho de sus grandes ciudades bajo estado de emergencia, lo que restringe las libertades de reunión y movilización, tras protestas estudiantiles masivas que iniciaron por el alza de tarifas en el metro y derivaron en un estallido social y actos vandálicos.
El caos en la capital chilena se extendió al aeropuerto internacional, donde un par de aerolíneas chilenas suspendieron o reprogramaron sus vuelos, afectando a más de 1,400 personas.
El vandalismo se tradujo el domingo en más de 70 “eventos graves”, entre ellos, más de 40 saqueos pese a la vigencia del estado de emergencia y a la presencia de 10,500 militares y policías en Santiago, afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien anunció que la situación de emergencia se extendió a otras dos ciudades, sumando ocho, y que se tramita implantarlo en otras cuatro.
Afirmó que la escalada de violencia “sin duda es organizada para causar grave daño a nuestro país”, sin identificar a los supuestos instigadores.
Esta es la peor crisis del segundo periodo de gobierno de Piñera y la primera vez que se instaura el estado de emergencia y el toque de queda en democracia, mecanismos usados a menudo durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La gota que derramó el vaso fue el precio del metro pero se suma el descontento de parte la sociedad por los bajos sueldos y las tarifas de la electricidad, la gasolina o los medicamentos, entre otras quejas. A continuación cinco claves para entender la crisis de Chile:
Subida de precio del boleto, desigualdad:
El 6 de octubre el Metro de Santiago aumentó 30 pesos el precio del pasaje, esto ascendió a 830 pesos ($1.20), uno de los pasajes más caros de Latinoamérica.
El precio fue establecido teniendo en cuenta aspectos como la inflación, el costo de los suministros para su operación, fue aprobado por el Ministerio de Transporte. El Metro de Santiago es una empresa privada en la que participa el Estado chileno.
Cientos de ciudadanos, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, iniciaron el lunes pasado a protestar y una forma fue la de abordar el metro sin pagar. Los manifestantes levantaron las mamparas de cobro para que los pasajeros ingresaran a los andes sin cancelar el costo.
Esta acción se difundió, especialmente en las redes sociales con el hashtag #EvasiónTodoElDía.
Las protestas siguieron los días sucesivos causando destrozos de mobiliarios y enfrentamientos entre los agentes de Carabineros que estaban para reprimir a los manifestantes.
El alza de la tarifa del metro es sola la “punta del iceberg”, según analistas y políticos. En Chile la brecha social es desmedida y esto se reveló en la última edición del informe Panorama Social de América Latina que fue elaborado por América Latina y el Caribe (CEPAL).
El documento revela que el 1 % más adinerado del país se quedó con el 26.5 % de la riqueza en 2017; mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2.1 % de la riqueza neta del país.
Además, el sueldo mínimo en Chile es de 301,000 pesos, esto equivale a $423.00 y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400,000 pesos al mes, $562.00 aproximadamente.
Entonces, los ciudadanos alegan que con los ingresos mensuales es inconcebible un alza en el pasaje y sobre todo si es referente al transporte público, uno de los más caros si se tiene en cuenta el ingreso medio.
Según un estudio de la Universidad Diego Portales, Chile tiene el novenos lugar de transporte más caro, entre un total de 56 países alrededor del mundo.
“Falta de empatía” con la población
La oposición política al gobierno de Sebastián Piñera y algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones y que el gobierno ha mostrado una “falta de empatía” con la población.
La única solución que dio el Gobierno fue recomendar a la población abordar el metro en horas de bajo tráfico para evitar pagar el alza; además amenazó con la Ley de Seguridad del Estado y calificó de “delincuentes” a los manifestantes.
El presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes, mientras se incendiaban varias estaciones de metro, se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), donde le estaba celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.
¿Cuál es el rol de los estudiantes en las movilizaciones?
Las manifestaciones han sido lideradas por los estudiantes. La primera manifestación masiva fue el 7 de octubre, liderada por estudiantes de instituciones emblemáticos, sobre todo del Instituto Nacional.
Las quejas giran en torno a la falta de recursos para el sistema educativo chileno y la falta del cuidado en las aulas.
Ya existe un pasado en este contexto, ya que una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada “revolución pinguina”, ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación en el país sudamericano.
Luego, en 2011, esta petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también provocó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque.
Hasta el momento no se tiene un panorama de cómo se terminaran las manifestaciones, pero las actividades de las últimas 36 horas han sido consideradas como las más violentas que Chile ha vivido en décadas.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy diálogo entre el Gobierno de Chile y la sociedad civil para “calmar la situación” después de varios días de violencia y disturbios en los que han muerto al menos ocho personas y 44 resultaron heridas.
“Exhorto al Gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, destacó la expresidenta chilena en un comunicado.
“Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”, añadió la alta comisionada.
Bachelet urgió a las distintas partes a “evitar la polarización de palabra o de hechos” y dijo sentirse “preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días”.
La alta comisionada subrayó que tras la violencia desatada, que se ha saldado con la detención de más de 1,900 personas, “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”.
Los daños equivalen a más de 300 millones de dólares.