Proyecto de canal interoceánico de Nicaragua está a punto de morir

Este proyecto que ofreció prosperidad y crecimiento pereció incluso antes de ver la luz.

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Por Iván Olivares

May 06, 2017- 21:45

Cuando en junio de 2013 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 840 (conocida también como ley canalera), y Daniel Ortega se la entregó sonriente al hasta entonces desconocido empresario Wang Jing, los solemnes discursos oficiales prometieron prosperidad y felicidad como señal del inicio de una nueva era para el país.

Casi cuatro años después, no hay ninguna de esas cosas: ni inversión, ni riqueza, ni empleo directo para 50,000 personas, ni obras de construcción, ni compra de grandes cantidades de carne de cerdo, res y pollo, o arroz y verduras. Nada. Solo la certeza de que el proyecto canalero es una gran mentira cuya realización traería grandes daños para muchas personas y 87 marchas en las que miles de campesinos han dicho “¡NO!” al canal.

Doña Francisca Ramírez es una improbable lideresa de esas marchas campesinas (incluyendo seis de carácter nacional que el Frente Sandinista no ha tenido empacho en agredir), en las que finalmente se ha escuchado la voz de quienes nunca la habían tenido.

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La campesina, una comerciante de vegetales y tubérculos, tuvo que asumir la dirección de un movimiento rural que ha dejado en ridículo a los partidos tradicionales en Nicaragua, al lograr movilizar a mucha más gente que cualquier organización de cualquier tipo en los últimos años.

Ella lo ha explicado en múltiples entrevistas en las que hace gala de un conocimiento detallado de la Ley 840, y de los riesgos que su aplicación representa para el país en general (desde pérdida de soberanía hasta arriesgar las reservas internacionales), y para los campesinos en particular, que perderán las tierras en las que han vivido y nacido, y en las que esperan descansar al morir.

“No creemos en ese canal, y no lo vamos a aceptar”, reitera la señora Ramírez, para quien ya es tiempo de que el mandatario reconozca públicamente su fracaso (porque el sueño del canal se esfumó), y se derogue la Ley 840, para traer aunque sea tranquilidad a los campesinos, aunque ellos tengan que buscar por su cuenta la prosperidad y felicidad que se les prometió.

De nuevo ‘el fantasma’

Aunque Ortega no lo reconozca en público, hay demasiadas señales que indican que Nicaragua llegará a su bicentenario soñando con su canal. Las más evidentes son la falta de movimiento en las zonas a afectar, y la ausencia de Wang Jing (tiene más de dos años de no llegar al país), al punto de que una vez más se le vuelva a considerar ‘el fantasma’. Justo así le decían al inicio de esta historia.

La promesa de invertir centenares, o miles de millones de dólares para construir un canal interoceánico por Nicaragua y más de media docena de grandes obras conexas, puso a Daniel Ortega y su gobierno a hacer las cuentas de la lechera.

Uno de los más activos en esa labor (pero no el único), fue el estadounidense Paúl Oquist, asesor presidencial en Políticas Públicas, quien predicaba dentro y fuera del país la lista de bondades que le achacaban al canal, entre las que destacaban dos: la pobreza extrema se disminuiría a la mitad, pasando del 14% al 7% en unos años, a la vez que la economía pasaba a crecer a razón de más del 10% anual.

Nada de eso ocurrió: no se hicieron inversiones que permitieran reducir la pobreza, ni el país ha logrado crecer más allá del entre 4% a 5% en que lo hace por su propio esfuerzo.

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El impulso inicial -la primera y única obra acometida hasta hoy es una trocha de 13 kilómetros que casi nadie usa- se diluyó hasta quedar en la anécdota, y los estudios técnicos y sociales no generaron más que zozobra y deudas, al punto que llegó el momento en que resultó evidente no solo que Wang Jing no tenía el dinero para continuar la obra, sino que tampoco podría obtenerlo.

Eso resultó más evidente en 2015, luego que el descalabro de la bolsa de valores de Shanghai vaporizara en apenas cuatro meses, más de US$9,100 de los US$10,200 millones de la fortuna personal del asiático, lo que sembró dudas adicionales sobre su capacidad de captar los US$50,000 millones en que fue valorada la obra.

Wang Jing dejó de venir a Nicaragua. Lo que se dice es que de todos modos, aunque viniera, en las más altas esferas del gobierno hay instrucciones de no recibirlo si no viene con dinero.

Una ley ventajosa

No hay inversiones, ni crecimiento, ni generación de empleo, ni obras, ni presencia del inversionista chino, pero sí 87 marchas rechazando el canal. Entonces, ¿por qué Ortega insiste en seguir defendiendo un proyecto en el que ya nadie cree ni tiene futuro?

Mónica López, abogada del Movimiento Campesino por la Tierra, Lago y Soberanía, lo tiene muy claro: aunque nunca se construya el canal, dejar vigente la Ley 840 permite al concesionario -o a quien le sustituya- construir sin obstáculos cuanta obra desee, sean puertos, ferrocarriles, aeropuertos, zonas turísticas, etc.

El texto legal, denominado “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal y Zonas de Libre Comercio”, otorga al concesionario (en este caso, el empresario Wang Jing y su empresa Hong Kong Nicaragua Development, o HKND) soberanía total en la zona canalera, que es una franja de 278 kilómetros de largo que atraviesa el país de océano a océano.

Esa faja de tierra incluye costas, buena parte del Gran Lago de Nicaragua, bosques, y humedales, pero también numerosas comunidades, en las que se calcula que habitan casi 400,000 personas que tendrían que abandonar sus hogares, sus parcelas, y sus iglesias, y sacar de los cementerios los huesos de sus antepasados, si quieren poder seguir visitándolos.

Pero hay un riesgo mayor que aquel de perder los sitios donde esas 400,000 personas nacieron, se enamoraron o murieron: la Ley 840 compromete las reservas monetarias del país, y el Banco Central hasta renunció a su inmunidad, para que el chino pueda reclamar en cualquier corte del mundo el dinero que haya invertido, si resulta que el canal no se construye.

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De paso, se le concede su propio régimen jurídico especial, con total inmunidad ante leyes nacionales, a lo largo de más de un siglo: Wang Jing y sus descendientes serán dueños de esa parte de Nicaragua hasta el año 2129, porque la concesión le otorga 16 años para buscar financiamiento y construir los proyectos, 50 años para operar el Canal y gozar sus ganancias, más otros 50 años, si así lo desea.

Por su parte, HKND “procurará” entregar al país US$10 millones durante diez años. La entrega del dinero queda a la buena fe del chino, porque los acuerdos, que están escritos en inglés, ni siquiera le obligan a pagar esa suma irrisoria, sino que explicitan que “procurará” pagarla.

El país ni siquiera podrá incrementar sus recaudaciones de impuestos, porque se otorgó exoneración total para el desarrollo de los ocho proyectos contemplados inicialmente: los dos puertos de aguas profundas (uno en cada océano), un aeropuerto, dos zonas de libre comercio, un ferrocarril, un canal húmedo y un oleoducto.

Dada la ‘generosidad’ de la Ley 840 que permite al concesionario agregar cuantas obras se le ocurra, los administradores de HKND también incluyeron en sus planes cuatro complejos turísticos, para relajación del personal chino, centrales eléctricas, ciudadelas para albergar a los trabajadores, fábricas de acero, de cemento y de explosivos, y un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados.

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