El Petro: la criptomoneda venezolana que vive bajo sospecha

Podría creerse que el petro (PTR), que estableció el gobierno venezolano en 2018 para dinamizar la economía de ese país, lo tiene todo para ser exitoso: el contundente respaldo de una cesta de materias primas compuesta por petróleo, hierro, gas, oro y diamante; un marco jurídico que lo protege y estimula, y una plataforma tecnológica que hace tres años era más o menos eficiente, garantizando una amplia cobertura de conectividad digital.

Pero no contaba con las fuerzas inerciales del mercado, al menos, con las que utiliza el sistema financiero mundial para protegerse de los escenarios adversos o contradictorios y que no siempre tienen que ver con lo económico.

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Si bien las “criptos” emergieron en el mundo como una entidad dispersa, que intenta desmarcarse de los canales habituales de regulación, en Venezuela (un régimen socialista) el petro, cuyo valor fue establecido inicialmente igual al precio de un barril de petróleo, nació condenado no solo por brotar de las fuentes que controlan la economía convencional del país, sino porque se vio inmediatamente estigmatizado por quienes ponen bajo sospecha su transparencia y le temen a las represalias de los mercados más poderosos del orbe a partir de las sanciones impuestas por EE.UU. y la Unión Europea al gobierno del Nicolás Maduro en 2014, en vista de sus violaciones a los derechos humanos.

Según su whitepaper fundacional (“Petro: hacia la revolución digital económica”), el mismo es “un criptoactivo soberano respaldado y emitido por el estado venezolano como punta de lanza para el desarrollo de una economía digital independiente, transparente y abierta a la participación directa de los ciudadanos. También servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y que contribuya al desarrollo, la autonomía y el intercambio entre economías emergentes”.

Los misterios

Pocos saben a ciencia cierta cómo usar el petro en Venezuela, cuyo valor actual promedia los $40 por unidad. Existe una abismal opacidad con relación a su manejo. ¿Qué establecimientos, personas e instituciones lo consienten para operaciones de compra-venta?

Esa información está tan vedada que incluso, el diputado a la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) Nicolás Maduro Guerra, hijo del primer mandatario nacional y segundo vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, expresó la inaudita tesis de que el petro se mantiene prácticamente en “secreto” para evitar los “sabotajes” del imperialismo.

Se admite para la cancelación de los servicios de extranjería (pago de pasaportes) pero la operación es engorrosa y confusa.

La línea aérea estatal Conviasa la acepta como modo de pago de algunos vuelos internacionales. Se usa como precio de referencia para algunas tasas oficiales. Es aceptado para cancelar el combustible de vehículos automotores, restringido por una brutal escasez que mantiene a los venezolanos bajo distintos esquemas de pago de servicio, uno de ellos directamente con dólares.

Pero es muy volátil la información sobre comercios que lo reciben como modalidad de pago, lo cual limita su circulación y su utilidad.

Eso sí, cuenta con un aliado insustituible en materia tecnológica (y algunos dicen que de control social): la Plataforma Patria (patria.org.ve), un sistema de interconexión que se usa como repositario de bonos del estado, base de datos con más de 20 millones de usuarios en un país de casi 30 millones de habitantes, que además funciona como sistema estatal de pago electrónico, con su billetera móvil y habilitación para administrar y pagar con petros o convertir en bolívares, además de permitir a través de su wallet operaciones con Bitcoin.

Al nacer, el petro vino inmerso en un ecosistema amparado por una institución denominada Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Se escuda en un decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos y diversas leyes que deberían forzar su “usabilidad” en espacios coherentes como el pago generalizado de servicios públicos, la mayoría en manos de la llamada “revolución bolivariana”. Pero inexplicablemente aún no es así.

Rubén Morales, experto venezolano, resalta que el petro revolucionó el mercado de las criptomonedas en América Latina por ser el primer país cuyo gobierno dio señales del uso de un criptoactivo en su economía, lo que se está haciendo cada vez más común.

Comenzó con un impulso propagandístico de gran impacto, acompañando el lanzamiento del llamado Bolívar Soberano, un experimento oficial para reflotar el valor de la moneda nacional frente al dólar y a través de varios desembolsos públicos como bonos para los trabajadores y pensionados, mediante el obsequio de medio petro, que casi todos mantienen intacto porque no lo han logrado transar ni en el mercado primario, con su valor oficial tasado por el Banco Central de Venezuela, ni en el secundario a través de subasta, donde su valor suele caer a menos de la mitad.

Luis Salas, ex Ministro de Economía Productiva y Vicepresidente Económico de Venezuela durante el primer período de Nicolás Maduro, considera que en un contexto de graves problemas monetarios, limitaciones técnicas de conectividad en gran parte del territorio venezolano, la no adecuación de la mayoría de los medios de pago P2P, además de la grave crisis del tendido eléctrico nacional, resulta muy difícil la usabilidad del petro a lo interno.

Y agrega: “en la medida en que no se solucionen los problemas monetarios y económicos en macro, reemplazar el bolívar por el petro lo único que va a hacer es trasladar los problemas de uno a otro, por más que sea digital”.

 

* Periodista venezolano. Ha publicado en el Diario de Caracas, Últimas Noticias y Ciudad Caracas.