El caso de las vacunaciones secretas contra el COVID-19 de funcionarios peruanos se vuelve cada día más grande. Los principales implicados en la trama podrían enfrentar penas de cárcel por delitos de corrupción, consideran penalistas peruanos, luego que el Ejecutivo, el Congreso y la Fiscalía llevan adelante investigaciones al respecto.
El tráfico de influencias se dio entre algunos funcionarios y las autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien administra las vacunas del laboratorio chino Sinopharm, y cuyos investigadores principales han dimitido por el escándalo.
VER: Escándalo en Perú: en secreto más de 450 funcionarios se vacunaron contra el COVID-19
La Universidad ha entregado una lista de vacunaciones secretas a las autoridades de al menos 487 personas, entre quienes se encuentran ex funcionarios, candidatos y familiares de políticos.
Abogados penalistas y juristas señalan que los principales implicados pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios.
Se considera que entre los personajes más comprometidos en este caso están las exministras de Exteriores Elizabeth Astete y de Salud Pilar Mazzetti, así como Vizcarra, además de Germán Málaga, investigador principal de la Universidad.
El contralor Nelson Shack dijo en conferencia ayer que de esa lista de 487 personas, 69 de ellas tenían vínculos familiares de primero, segundo y hasta tercer grado de consanguineidad.
“Hay 70 personas en la lista que conforman 26 grupos familiares, de los cuales el 75% son de funcionarios públicos, los que no sólo se han vacunado, lo cual ya es un acto irregular, sino que han hecho abuso de su cargo para vacunar a sus familiares”, dijo el contralor.
Las principales ministras implicadas ya dimitieron de sus cargos, pero las autoridades creen que eso no es suficiente, sino que deben asumir sus responsabilidades.
“No basta con que hayan renunciado a sus cargos, tienen que ser sancionados con una suspensión y una inhabilitación en el sector público, lo que han hecho es gravísimo”, dijo Shack.
Salpica a la Universidad
El investigador principal de los estudios clínicos del laboratorio chino Sinopharm en Perú, Germán Málaga, fue separado de sus funciones tras el escándalo desatado por la revelación del “Vacunagate”.
La decisión fue tomada este miércoles por el Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la institución que tiene a su cargo la investigación principal sobre la vacuna de Sinopharm, en la que han participado 12,000 voluntarios.
Aunque Málaga ha sido suspendido “en sus funciones como investigador principal”, las actividades de la Fase 3 de los ensayos clínicos “continúan desarrollándose de acuerdo a lo programado”, remarcó la UPCH.
Según lo que se ha podido conocer hasta el momento, Málaga se inoculó a sí mismo de forma “experimental” con tres dosis de la vacuna china, fuera de todo protocolo y autorización.
También vacunó a su esposa y a su hija con las vacunas reservadas en teoría para el equipo investigador, y de hecho hizo venir a su hija de Europa, donde reside, para que ésta recibiera la vacuna.
Renuncia vicerrector
La revelación de las vacunaciones en secreto también llevó a la renuncia de la plana mayor de la UPCH, desde el rector, Luis Varela, y los vicerrectores académico, José Espinoza, y de investigación, Alejandro Bussalleu, quienes también aparecen en la lista de 487 personas que recibieron las dosis de Sinopharm.
Varela aseguró, en su carta de renuncia, que tomó la decisión “por la situación que se ha generado con la administración del lote de vacunas adicionales de Sinopharm, por parte del equipo de investigación del ensayo clínico”.
Tanto las autoridades del Ejecutivo, como el Congreso y la Fiscalía han iniciado sendas investigaciones del “Vacunagate”, que pueden llevar a inhabilitaciones políticas y procesos por delitos de corrupción.