El pleno del Parlamento Europeo pidió este jueves sanciones de la Unión Europea contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la represión en el país, e instó a liberar a todos los presos políticos.
En la extensa resolución -aprobada por 629 votos contra 19, con 40 abstenciones-, la Eurocámara expresó su solidaridad con la población de ese país centroamericano y condenó “firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses” contra partidos de la oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas o defensores de los derechos humanos y la sociedad civil.
“Que se ponga fin inmediatamente a la imposición de medidas restrictivas, la represión y las violaciones de los derechos humanos”, y que “se rindan cuentas por las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde 2018”, solicitaron los eurodiputados en referencia al estallido social contra Ortega iniciado entonces.
Sancionar a Ortega y su círculo
En mayo de 2020, la UE ya sancionó a dos asesores de Ortega y cuatro jefes policiales por "graves violaciones de derechos humanos", al congelarles sus activos en Europa y prohibirles viajar a territorio comunitario.
Hoy, el pleno parlamentario fue más allá e instó al Consejo de la UE y a los Estados miembros a “ampliar rápidamente" la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, “incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados, velando especialmente por que no resulte perjudicado el pueblo nicaragüense”.
En un debate en el pleno sobre la situación en Nicaragua el martes, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó: “En los próximos días plantearemos al Consejo la posibilidad de tomar medidas restrictivas al estilo de las que se han tomado ya en el pasado”.
En concreto, se inclinó por que esas nuevas sanciones "no afecten a los ciudadanos" y sirvan para hacer "toda la presión política que seamos capaces de hacer, con los medios a nuestro alcance y en colaboración con Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con todos los países que compartan la misma preocupación".
Liberación de los presos políticos
El pleno pidió además hoy la “inmediata e incondicional” liberación de “todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria”, incluidos los candidatos a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.
También los dirigentes políticos José Pallais, José Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Pedro Joaquín Chamorro, y otros activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas.
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La Eurocámara pidió que respeten sus “garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos”, e instó a que el Gobierno aporte “inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero”.
Borrell consideró el martes que el régimen de Ortega "ha conseguido sembrar un clima de miedo y desánimo en la población”, si bien la UE quiere mantener los vínculos con los ciudadanos a través de instrumentos vigentes, como el acuerdo de asociación que mantiene con Nicaragua.
Igualmente, el Parlamento instó a las autoridades a levantar el estado de sitio de facto, respetar la función de la policía nacional como una fuerza no política, desarmar a las fuerzas paramilitares, respetar los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restablecer los derechos de los ciudadanos.
Diálogo y elecciones libres
El pleno reiteró su llamamiento para “que se restablezcan un diálogo integrador y la democracia como única salida pacífica a la crisis política, económica y social” que atraviesa Nicaragua.
Así, de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, previstas para el próximo 7 de noviembre, instó a las autoridades nicaragüenses a modificar inmediatamente la ley electoral de conformidad con los parámetros internacionales solicitados por la OEA.
También que restablezcan el estatuto jurídico de los partidos a los que se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos y garanticen la presencia sin restricciones de órganos nacionales e internacionales de observación electoral.
“Para que el Parlamento Europeo reconozca las elecciones y el Gobierno resultante de ellas, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las organizaciones internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y las libertades que permiten un proceso electoral libre, creíble y equitativo”, concluyeron los eurodiputados.