La nueva dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. tiene un difícil panorama en su meta de controlar la ola de migrantes indocumentados después de que las medidas puestas en marcha en los últimos años hayan sido ineficaces, advierten analistas y defensores de los inmigrantes.
Los 92,607 indocumentados detenidos por cruzar ilegalmente la frontera en marzo, la cifra más alta desde 2007, evidencian el fracaso del trabajo de la secretaria Kirstjen Nielsen, quién dejó un gran reto a la nueva dirección tras su reciente dimisión, que se sumó a la de su “número dos”, Claire Grady.
Kevin McAleenan, que era el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), asumirá provisionalmente el cargo y lo hará presionado por la necesidad de la Casa Blanca de detener la actual avalancha de inmigrantes.
A los ojos del investigador y politólogo de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) Octavio Pescador la tarea que asumirá McAleenan es casi imposible.
“No se pueden pedir utopías. Hay que ser pragmático y entender que el hambre y las amenazas a la vida alimentarán una esperanza, por pequeña que sea”, dice a Efe el catedrático.
El investigador asegura que esa es la razón por la que las medidas tomadas por las últimas dos administraciones han fracasado.
Las acciones comenzaron en 2014 bajo el Gobierno del entonces presidente, Barack Obama, para contener la avalancha de menores no acompañados que colmaron los albergues y estas tuvieron resultados mixtos.
El Gobierno de Obama centró su plan en la disuasión, desde las campañas en los medios de comunicación en Centroamérica hasta el pedido a la administración de Enrique Peña Nieto para detener y deportar a los centroamericanos en la frontera sur de ese país.
Al tiempo, Obama solicitó al Congreso fondos de asistencia para los países del denominado Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.
“Aunque pongas mucho dinero, no alcanza. Las necesidades son muchas. Hay que combatir el crimen, dar seguridad y empleo a la región y eso cuesta mucho”, insiste Pescador, quién participa en una comisión de desarrollo internacional para Centroamérica.
Maureen Meyer, directora del programa México y Derechos de Migrantes de The Washington Office on Latin America (WOLA), coincide en que la respuesta general de la Administración Obama “estuvo lejos de ser perfecta, pero dio pasos en la dirección correcta.
Peor consideración tienen para ella las acciones tomadas por el presidente Donald Trump, que suspendió CAM y ordenó retirar ayudas económicas a la región.
La activista resalta que el número de familias centroamericanas que llega a la frontera sur desde hace meses demuestra que las políticas de Trump no están funcionando e, incluso, pueden estar “incentivando una mayor migración”.
Ello se debe a que, en contraste con Obama, Trump recortó la ayuda a Centroamérica, eliminó varios programas que beneficiaban a los inmigrantes y dejó en la cuerda floja el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua que mandan cuantiosas remesas a sus países.
Pescador augura “nuevos tropiezos” para la Administración Trump en su intento de controlar la inmigración centroamericana, pues en su opinión, no está atacando la base del problema migratorio en Centroamérica.
Es más, al retirar los fondos podría empeorar la situación en la región y empujar a más inmigrantes a tomar rumbo norte.
Para él, toda la política migratoria del actual Gobierno está equivocada y el próximo director de DHS se va a “estrellar” contra el muro que Trump quiere levantar en la frontera.
Meyer y la abogada Royce Bernstein Murray, del grupo American Immigration Council, coinciden con el catedrático en su vaticinio de que las cosas empeorarán si no se toman medidas e insisten en recomendar que se establezcan puentes de cooperación con Centroamérica.
“Es fundamental que colaboremos con los socios en la región para hacer posible que las personas estén seguras en sus hogares”, pide Bernstein Murray para que no se repitan en abril los 92.607 migrantes detenidos en la frontera, a los que hay que sumar los 10.885 que fueron rechazados en los puertos de entrada el mismo mes.