La fiscal general de Nueva York y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) rechazaron este jueves las redadas de inmigración anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y previstas para este domingo.
La fiscal general del estado, Letitia James, aseguró en un comunicado que “la insistencia de la Administración Trump de utilizar a las familias migrantes como una pieza de negociación con los líderes del Congreso es tan deplorable como un acto contra los valores estadounidenses”.
“Como responsable de los cuerpos de seguridad de Nueva York, haré lo que esté en mi mano para asegurar la protección de los derechos de estas familias. Me enfrentaré a cualquier incursión o amenaza de posible violación de los derechos civiles de nuestro estado porque, en Estados Unidos, valoramos a nuestra comunidad inmigrante”, zanjó dicho comunicado.
ACLU presentó este jueves en Nueva York una demanda ante una corte federal contra el fiscal general, William Barr, y la Dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), entre otros, con la que pretenden paralizar estas redadas que consideran ilegales de pleno derecho.
Según el texto legal, los demandantes “buscan prevenir deportaciones inminentes en violación de los principios más básicos de un proceso justo: el derecho a ser avisado y una oportunidad para ser escuchado”.
“Varios tribunales han emitido medidas cautelares contra el uso por parte de ICE de las deportaciones en masa libres de proceso, donde poblaciones en concreto han sido puestas en el punto de mira”, se lee en el texto de la demanda, con el objetivo de garantizar un procedimiento judicial justo.
A mediados de junio, Trump dijo por Twitter que el ICE iniciaría un proceso para deportar a “millones” de indocumentados.
Poco después, se supo que el ICE planeaba redadas masivas en 10 ciudades del país a partir del 23 de junio para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión.
El ICE iba a detener a unas 2.000 familias de indocumentados en Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Nueva Orleans (Luisiana), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).