La oposición nicaragüense aplaudió la resolución del Parlamento Europeo (PE) que pidió a los Estados de la Unión Europea (UE) que acuerden nuevas sanciones a Nicaragua si este país aprueba las nuevas leyes que prepara sobre ciberdelitos y agentes extranjeros y el Gobierno no se presta a un diálogo nacional sobre la reforma electoral.
“Es una fuerte resolución en contra de la dictadura orteguista (…). De nuevo la comunidad internacional reacciona de manera positiva frente a los atropellos de esta dictadura que, una vez más, ha quedado condenada”, dijo a periodistas el secretario ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.
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En la resolución, aprobada por 609 votos a favor, 21 en contra y 64 abstenciones, el PE condenó los intentos del Gobierno del presidente Daniel Ortega de aprobar la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, y una propuesta de cadena perpetua para “crímenes de odio”, que calificaron de “anticonstitucionales”.
Durante el debate, las 12 intervenciones coincidieron en ver dichas iniciativas como “represivas”, en cambio, ninguno de los eurodiputados intervino para defender a Ortega.
“Demuestra que el régimen Ortega Murillo está completamente aislado y se ha quedado solo. Absolutamente nadie dentro del Parlamento Europeo pudo defender lo indefendible”, señaló el miembro del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco Félix Maradiaga.
La también integrante del Consejo Político de la Unidad Alexa Zamora dijo que la postura de la Eurocámara “es contundente, manda un claro mensaje al régimen, de que las acciones que está tomando tienen repercusiones directas, de que no va a seguir tolerando que el régimen siga cometiendo atropellos en contra de los derechos humanos”.
A la espera del pronunciamiento de la OEA
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, se pronunció en Twitter sobre los cambios legislativos promovidos en el país centroamericano, sostuvo que “los estados de la OEA deben condenar la última arremetida autoritaria de Ortega. Los proyectos legislativos sobre “agentes extranjeros”, “ciberdelitos” y “crímenes de odio” pueden terminar por sofocar a la sociedad civil y la prensa”.
Las palabras de Vivanco remiten al comunicado oficial de la organización que preside, el documento hace énfasis en el proyecto de ley sobre “ciberdelitos”, que permitiría el control de las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
Los estados de la @OEA_oficial deben condenar la última arremetida autoritaria de Ortega.
Los proyectos legislativos sobre “agentes extranjeros”, “ciberdelitos” y “crímenes de odio” pueden terminar por sofocar a la sociedad civil y la prensa.
Comunicado: https://t.co/sHdgXMwTil pic.twitter.com/887Jalaadn
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 8, 2020
“Es el sentir de muchos nicaragüenses”
“El sentir de la comunidad europea es el sentir que muchos de los nicaragüenses hemos reflejado a lo largo de estos dos años, que aspiramos a cambiar el régimen actual bajo condiciones de paz, justicia y democracia”, agregó, por su parte, el dirigente de Movimiento Universitario 19 de Abril Jason Salazar.
Los opositores resaltaron la advertencia de los eurodiputados sobre la revisión de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE que sacaría a Nicaragua del trato, así como posibles sanciones internacionales para Ortega, y castigos para su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, si persisten en sus planes.
La disidencia coincidió en que, de ser excluida del Acuerdo de Asociación, Nicaragua perderá cerca de 300 millones de dólares anuales, y responsabilizaron al Gobierno de Ortega si la UE toma esa decisión.
La resolución del PE se dio en el marco del conflicto sociopolítico que persiste en Nicaragua desde hace más de dos años.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
La Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene abierto un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, por “rompimiento del orden constitucional”, que de aplicarse, suspendería al país del organismo.