Sin respetar garantías mínimas como el pleno acceso a defensa técnica, el régimen de Daniel Ortega ha llevado hoy a juicio a la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín y otras personas vinculadas a ellos, denunciaron sectores de oposición y medios nicaragüenses.
Las autoridades judiciales, alineadas al orteguismo, los acusan de los supuestos delios de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos, según el régimen, al través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El periódico digital Confidencial informó que los abogados defensores han denunciado “audiencias secretas” en contra de sus clientes, y que al igual que el resto de los reos políticos, recluidos en El Chipote, no les han permitido entrevistarse con sus representados ni acceder a los expedientes.
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Chamorro enfrenta el juicio a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, donde funciona una celda conocida como El Chipote, "bajo una exagerada presencial policial", dijo a Efe una portavoz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que da seguimiento al caso.
Chamorro, periodista de profesión de 68 años de edad, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Es hija del asesinado héroe nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
Era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
El juicio a la opositora forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de dirigentes opositores y críticos al Gobierno sandinista, acusados en su mayoría por "traición a la patria" o lavado de dinero.
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JUICIO A HERMANO Y TRES TRABAJADORES
La Fiscalía acusó a Chamorro en su calidad de presidenta de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro con base en una denuncia del Ministerio de Gobernación.
Según la Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".
El defensor de Pedro Joaquín Chamorro, Mynor Curtis, en entrevista con Esta Semana, explicó que el primer obstáculo que tendrá la Fiscalía en este caso es demostrar el origen del supuesto dinero “sucio”, ya que en los mismos informes a los que ha tenido acceso como parte del intercambio de pruebas, se detalla que los donantes de la Fundación eran organizaciones de cooperación internacional que se financian con fondos provenientes de los contribuyentes de sus determinados países.
Según Confidencial, Curtis considera que el caso de la Fundación es el más complejo entre todas las acusaciones contra reos de conciencia. Advierte que puede alargarse por más de una semana debido a la cantidad de pruebas a presentar. En su caso, como defensa de Pedro Joaquín, ha ofrecido 633 elementos de pruebas documentales, que deben ser leídas en audiencia.
“No hay ninguna evidencia que él se haya apropiado de algo que no era de él, y tampoco hay evidencia de esas supuestas gestiones abusivas”. Él era vicepresidente de la Fundación, pero no manejaba los fondos, no firmaba cheques, por esa razón a él no lo vinculan con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, explicó.