Nicaragua, a un año del estallido social contra la dictadura y represión

Este 18 de abril los nicaragüenses cumplen un año de sufir una crisis que ha provocado cientos de muertos y detenidos, así como miles de heridos.

Foto EDH/ AFP

Por Katlen Urquilla

Abr 17, 2019- 07:19

Nicaragua está inmersa en una crisis sociopolítica desde hace un año que no toca fin.

La olla de presión estalló un miércoles 18 de abril de 2018 y sus efectos se han visto a lo largo del año, a través de protestas de calle, en redes sociales y mediante medidas de la comunidad internacional contra el régimen de Daniel Ortega.

Lo que inició como una protesta contra reformas al sistema del Seguro Social, que tocaban las pensiones, se transformó en un parteaguas para Nicaragua, donde miles de ciudadanos habían acumulado en los últimos años el descontento por las políticas orteguistas.

Pero ese 18 de abril los nicaragüenses no pudieron más. Los que abanderaron las multitudinarias manifestaciones fueron los universitarios y a ellos se fueron uniendo sectores emblemáticos del país, incluyendo exlíderes sandinistas, hasta lograr el respaldo de organismos internacionales como la OEA (Organización de Estados Americanos), la ONU (Organización de Naciones Unidas), Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

En los 12 meses de crisis, los nicaragüenses han visto morir a centenares, ir a la cárcel a familiares y amigos, vieron como muchas madres perdieron a sus hijos en las protestas y como miles huían de su tierra dejando a sus pequeños, debido a la persecución de las fuerzas sandinistas.

Esa convulsión ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pero organismos humanitarios de Nicaragua registran 568 víctimas mortales.

Además, las organizaciones reportan que en este año más de 2,000 personas han resultado heridas, centenares han sido detenidas arbitrariamente y decenas de miles se han visto obligadas a huir del país.

Nicaragua ha experimentado en estos 365 días diferentes etapas de represión que iban desde someter a los manifestantes en las calles y perseguir a los opositores, hasta censurar a medios críticos y amedrentar a defensores de derechos humanos, según denunció en sus informes la CIDH.

Tras un año de crisis, Ortega enfrenta cada vez más presión internacional, debido a las violaciones a los derechos humanos que han denunciado varios organismos internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones tanto a Ortega, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, como a funcionarios del círculo más cercano del sandinista.

También Canadá anunció esta semana que cesó la ayuda financiera a Nicaragua ante la preocupación por las violaciones a derechos humanos.

Un camino sin retorno
El vecino país ha tratado de superar la crisis primero a través de un diálogo mediado por los obispos, que fracasó, y ahora mediante una negociación que tiene como testigos al Vaticano y la Secretaría General de la OEA, que tampoco ha dejado consensos en temas clave hasta la fecha.

Pero para la oposición, la chispa que prendió esas revueltas callejeras hace un año marcó el comienzo de un camino sin retorno en Nicaragua.

La tesis opositora es que para superar la crisis es indispensable la creación de una Comisión de la Verdad creíble y fundar las bases de una justicia transicional, así como adelantar las elecciones y liberar a todos los presos políticos.

En ese sentido, la oposición ha anunciado una nueva fase de resistencia pacífica enfocada en redoblar la presión internacional y fortalecer la movilización ciudadana.

Mientras tanto, Ortega se ha resistido en el diálogo a aceptar garantes internacionales, discutir el punto del anticipo de las elecciones y el tema de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos represivos.

Según analistas, el sandinista le apuesta a que la oposición se desinfle, a que nada cambie en el país, aunque los nicaragüenses sigan sufriendo los embates del desplome de la economía, y a buscar la forma de burlar la posible aplicación de la Carta Democrática en la OEA, las sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras sanciones.

Para el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, Ortega probablemente sigue una estrategia equivocada, y efectivamente lo que pretende es ganar tiempo para mantenerse en el poder, lo cual puede crear dificultades.

Los exiliados y el plan “engañoso” de Ortega
Y mientras la oposición dialoga con los orteguistas, muchos nicaragüenses han tenido que exiliarse en países vecinos, debido a la persecución en Nicaragua.

Solo en Costa Rica, más de 40,000 nicaragüenses solicitaron refugio en 2018, según datos oficiales.

Un 53 % de los exiliados en ese país son estudiantes o profesionales quienes se vieron obligados a salir de su país por la represión y el hostigamiento del régimen de Ortega, reveló una investigación de la Fundación Arias para la Paz. El estudio detalla que un 29 % eran estudiantes de secundaria, un 6 % técnicos medio, y un 7 % técnicos superior. El restante 5 % de otras áreas.

“Esto coincide plenamente con la consigna en las calles de que no eran delincuentes, que eran estudiantes. Muchos universitarios vieron aquí (Costa Rica) truncadas sus vidas, algunos llevan un año sin hacer nada y la gran cantidad tiene como principal problema el desempleo”, explicó a la agencia Acan-Efe el investigador e ingeniero nicaragüense, Roberto Samcam.

Otros se han exiliado en El Salvador, Estados Unidos, incluso en países europeos como España.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó ayer que son 62,000 los nicaragüense que han dejando su país en el último año a causa de la crisis, de los que 55,000 han llegado a territorio costarricense.

Ante la masiva salida de nicaragüenses, el régimen de Ortega prometió esta semana recibir a los exiliados “con fraternidad”, mediante el llamado “Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido”.

Pero la oposición no le cree y considera que es una propuesta que no ofrece garantías para el retorno.

“Es engañoso, porque los exiliados no pueden regresar a un país donde los derechos ciudadanos están suspendidos, no satisface el problema de seguridad que los obligó a salir del país”, afirmó el lunes José Pallais, abogado y miembro de la alianza opositora.

El plan de Ortega consiste en tres puntos: Promover el retorno voluntario, “asistido y sostenible”; “garantizar y facilitar el retorno voluntario asistido, digno y humano de conformidad con el respeto de los derechos humanos” y “garantizar el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna”.

También la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) consideró que en Nicaragua no existen condiciones para el retorno de los exiliados.

El éxodo nicaragüense no solo ha afectado a opositores, sino también a decenas de periodistas, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, e incluso a sandinistas que eran aliados de Ortega, como el exmagistrado Rafael Solís. La última víctima del exilio ha sido el Obispo de Managua, Silvio Báez, un crítico de Ortega que ha sido llamado a trabajar con el papa Francisco en el Vaticano, luego de haber denunciado amenazas de muerte.

Sigue la “brutal represión”
La organización Aministía Internacional (AI) denunció esta semana que durante el último año, “el Gobierno del presidente (Daniel) Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su Administración”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara.

En una declaración difundida en Ciudad de México, la directora sostuvo que las autoridades nicaragüenses siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Y agregó que estas impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a observadores internacionales de derechos humanos “trabajar libremente en el país”.

“El Gobierno de Nicaragua debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos y todos los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, manifestó la representante de AI.

La organización afirmó en un boletín que, al igual que otras organizaciones internacionales, ha documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por sandinistas y la Policía Nacional.

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