El estilo de gobernar del presidente de la República, Nayib Bukele, no pasa desapercibido fuera de nuestras fronteras y puede empezar a cerrar oportunidades de desarrollo para el país.
Un oficial de alto rango de una entidad autónoma del gobierno de Estados Unidos informó a la administración Bukele que la cooperación de Washington para reducir la pobreza está en riesgo. Esto, en gran parte, por el constante desafío del presidente a los controles que sobre su poder imponen la Corte Suprema y el Congreso.
Esto supone un cambio drástico de la administración Trump, que ha defendido de cerca al presidente Bukele, incluso en momentos controversiales de su presidencia, en los que ha recibido el espaldarazo de la embajada americana.
El 29 de mayo, Thomas Kelly, vicepresidente interino de la Corporación del Reto del Milenio (MCC por sus siglas en inglés), una entidad de cooperación autónoma dentro del gobierno de Estados Unidos que ha manejado Fomilenio, envió una misiva al gobierno salvadoreño en la que advierte que la deriva autoritaria daña el prospecto de El Salvador de seguir recibiendo cooperación por esta vía.
Mientras el Senado de Estados Unidos analiza prorrogar el plazo de Fomilenio más allá del 9 de septiembre, las críticas a la senda autoritaria que Bukele está transitando siguen aumentando, particularmente entre legisladores demócratas. Este camino autoritario incluye la militarización del Congreso el 9 de febrero y el desafío a una orden judicial que restringía los abusos de poder durante la cuarentena obligatoria.
"Las acciones recientes del gobierno de El Salvador generan dudas sobre el compromiso del gobierno con los criterios de selección de la MCC, en particular las interacciones del Ejecutivo con otras ramas del gobierno”.
“Las acciones recientes del gobierno de El Salvador generan dudas sobre el compromiso del gobierno con los criterios de selección de la MCC (ver módulo aparte), en particular las interacciones del Ejecutivo con otras ramas del gobierno”, dice la carta de Kelly. “Nuevos incidentes relativos a estas preocupaciones podrían traer consecuencias negativas para nuestra alianza, algo que nos gustaría que no pase”, añadió.
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Kelly escribió también que continuar la ayuda que da la MCC dependerá “de un apego estricto al estado de derecho y a la protección de derechos fundamentales”.
Sus palabras se suman a la preocupación manifestada por el Departamento de Estado de EE. UU. (su equivalente a una cancillería) sobre prácticas como desoír fallos judiciales, la militarización del Congreso e intentos de silenciar a la prensa crítica.
La MCC firmó en 2014 un acuerdo con el país para facilitar hasta $277 millones a fin de facilitar reformas financieras e invertir en programas educativos y de infraestructura, para promover el crecimiento y la inversión privada en el país. El Salvador acordó desembolsar otros 88 millones de dólares para esos fines.
El gobierno salvadoreño solicitó una extensión de entre 6 y 12 meses en la implementación de los proyectos debido a los cierres de actividades producto de la pandemia y es probable que pida más asistencia una vez expire el paquete actual, pero fuentes demócratas dicen que hay escaso apoyo para que El Salvador sea el primer país en firmar un tercer contrato con MCC.