Miles protestan en España contra sentencia a 9 años de cárcel para 5 acusados de violación grupal

Los cinco integrantes de "La Manada", como ellos mismos se autonombraban, fueron hallados culpables de abuso sexual, que bajo las leyes españolas no connota violencia ni intimidación

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elsalvador.com

Por AP

2018-04-26 4:26:04

Diversas protestas estallaron el jueves en España después de que un tribunal en la ciudad de Pamplona sentenció a cinco hombres a nueve años de cárcel cada uno por el delito menor de abuso sexual tras una violación en grupo a una joven durante el festival de San Fermí­n.

“¡No es abuso, es violación!”, gritaron los manifestantes durante las transmisiones en vivo de las televisoras desde las puertas del juzgado provincial en Navarra, donde se emitió el fallo. La policía impidió que la multitud entrara al recinto, y algunos manifestantes molestos empujaron a los agentes.

Horas más tarde, miles de manifestantes se reunieron en el centro de Pamplona, ubicada en el norte del país, y en la mayoría de las principales ciudades de España, incluidas Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia y Zaragoza. Gritaban consignas como “¡No es no!”, mientras algunos agitaban carteles y portaban guantes rojos en protesta.

Los cinco integrantes de “La Manada” _como ellos mismos se autonombraban_ fueron hallados culpables de abuso sexual, que bajo las leyes españolas no connota violencia ni intimidación. La fiscalí­a argumentó que se trató de un hecho violento y que la víctima de 18 años nunca dio su consentimiento para sostener relaciones sexuales.

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El tribunal optó por declararlos culpables de abuso sexual y no de los cargos más severos que promovía la fiscalí­a, los cuales hubieran conllevado penas de más de 22 años de cárcel para cada uno. De todas formas, la corte acordó que no hubo consentimiento debido a que los imputados estaban en una situación de “superioridad que limitó la libertad de la víctima”.

Uno de los tres jueces del panel votó a favor de exonerar a los acusados, informó el tribunal.

 

Posteriormente, la fiscalí­a y la defensa anunciaron que apelarán el fallo.

Los cinco hombres, todos españoles de entre 27 y 30 años de edad, son amigos que viajaron a Pamplona para disfrutar de los sanfermines en julio de 2016.

Según testimonios ofrecidos durante el juicio, los individuos ofrecieron escoltar a la joven a su automóvil, pero en lugar de ello la obligaron a ingresar a un edificio, la agredieron sexualmente y lo grabaron con sus teléfonos. Después le robaron el teléfono y la abandonaron.

Los hombres argumentaron que la mujer dio su consentimiento para tener relaciones sexuales. Para respaldar lo que decían, sus abogados citaron un informe de detectives sobre la conducta de la joven después del incidente, lo que generó indignación entre los grupos defensores de los derechos de las mujeres, que denunciaron que la víctima estaba siendo juzgada por su comportamiento, en lugar de que se juzgara a los agresores. Entonces la defensa retiró el informe.

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La mujer relato que el día de los hechos acudió a un bar cercano al cuartel, pidió una cerveza y después fue al baño dejando la bebida en la barra. Cuando regresó notó un sabor extraño en el trago

Además de las penas de cárcel, el tribunal falló que los hombres deberán en conjunto compensar a la víctima con 50,000 euros (61,000 dólares) y no podrán contactarla durante 15 años.
Los cinco han estado bajo detención preliminar desde que fueron arrestados tras el hecho.

 

La presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, comentó a la televisora La Sexta que el fallo significa que la violación en España prácticamente “sale gratis” en cuanto a un castigo.

Por su parte, la vicepresidenta del país, Soraya Sáenz de Santamarí­a, dijo que el gobierno tiene que respetar el controversial fallo, y agregó que las autoridades deben responder a la indignación del público.

Sáenz indicó que como autoridades públicas tienen que analizar lo que deben hacer para que este tipo de incidentes no vuelvan a suceder en el país.

El Ministro de Justicia Rafael Catala dijo que las leyes en cuestión se remontan a 1995, y que deben ser examinadas para verificar si “es conveniente impulsar para su revisión”.