En un conversatorio sobre el futuro democrático de El Salvador, la embajadora en Washington, Milena Mayorga, recordó que ella estuvo presente en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele comandó una toma militar del Legislativo.
Este foro fue organizado por el Woodrow Wilson Center de Washington y reunió a la embajadora, así como a la periodista de The Economist, Sarah Maslin; al empresario Francisco de Sola; a la vicepresidenta de Fusades, Claudia Umaña; a la exembajadora de EE. UU. en El Salvador, Mari Carmen Aponte; y al exembajador salvadoreño Rubén Zamora.
En ese evento, Mayorga manifestó que estuvo en la Asamblea Legislativa el día que ingresaron militares acercando al presidente y “puedo atestar que nuestro Estado de derecho no fue infringido”.
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Esto, a pesar del amplio coro de voces dentro y fuera del país que ven en esta toma militar el golpe más grande a la democracia de El Salvador desde el conflicto armado y un peligroso retorno de los militares a la arena política, un grave retroceso a los avances principales de los Acuerdos de Paz.
Asimismo, Mayorga señaló que el gobierno ha cumplido fallos judiciales subsecuentes. Esto, sin embargo, riñe con la realidad. Solo un día después de la toma militar, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar en la que exigió al mandatario dejar de instrumentalizar a los cuerpos de seguridad como herramientas políticas, pero en el año que ha transcurrido, la Policía Nacional Civil ha desobedecido órdenes inconvenientes para el Ejecutivo y ha entorpecido investigaciones sobre presunta corrupción.
La Sala de lo Constitucional también declaró en abril que el gobierno no podía detener de manera arbitraria a presuntos infractores de la cuarentena domiciliar, algo que el presidente Bukele desafió públicamente. Sus cuerpos de seguridad lo siguieron haciendo. Además, en este año ha seguido el hostigamiento a opositores y la radicalización del discurso político.
En este evento, además de restar importancia al impacto del 9F, Mayorga evadió una pregunta sobre el estado actual de las propuestas de reforma constitucional que encabeza el gobierno. En cambio, dedicó su participación a defender al gobierno de Nayib Bukele y a descalificar a los partidos de oposición. Al terminar su participación, se retiró.
Panel muestra preocupación
En contraste con las palabras de Milena Mayorga, el resto de panelistas manifestaron preocupación por el clima político en El Salvador y el deterioro democrático del país.
Sarah Maslin, corresponsal del semanario británico The Economist en Brasil y quien ha pasado mucho tiempo cubriendo El Salvador, identificó aspectos populistas y mesiánicos en Bukele, quien logró réditos políticos al denunciar la corrupción del pasado, pero no ha mostrado un rostro sustancialmente diferente.
Zamora expresó su preocupación por el rumbo del país de cara a un proceso electoral, donde el partido del presidente, Nuevas Ideas, busca lograr una mayoría para simplemente tramitar los deseos del mandatario sin ningún ejercicio de control, algo que advirtió puede derivar en una pérdida del balance de poder, pérdida de la democracia y la posible instauración de una dictadura.
Umaña considera que el presidente lanza ataques constantes al Estado de derecho y ve con preocupación cómo la retórica inflamatoria del mandatario genera mayor división y odio. Asimismo, comparó la toma militar del 9 de febrero de 2020 a los violentos hechos del 6 de enero, cuando cientos de manifestantes pro Donald Trump se tomaron el Capitolio y amedrentaron a congresistas. La principal diferencia con eso, añade, es que en El Salvador fue el presidente quien comandó la invasión, acompañado de cuerpos de seguridad del Estado.
De Sola manifestó que esta erosión democrática, aunada a la incapacidad del gobierno actual de administrar la cosa pública, están golpeando duramente la economía, que además registra una caída importante por las medidas de cierre producto de la pandemia de COVID-19.
A su juicio, si el gobierno obtiene una mayoría legislativa, no solo doblaría la democracia y giraría al autoritarismo, sino que seguiría una peligrosa senda de endeudamiento sin control y pérdida de confianza e inversión.
Finalmente, Aponte recordó que la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, está prestando más atención a Centroamérica que su antecesor y recordó que la Casa Blanca tendrá una posición sólida con los gobiernos que violen la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad democrática.
Además recordó que dentro de unos meses entrará en vigencia la lista Engel, una provisión legislativa que obliga al gobierno de Biden a publicar una lista de funcionarios centroamericanos vinculados a actos de corrupción o debilitamiento democrático, y quienes serán sancionados por ese país.