En una carta abierta enviada al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, más de 70 organizaciones de sociedad civil con fuerte presencia en ese país y en Latinoamérica exigen cambios importantes hacia Centroamérica en lo migratorio.
La principal exigencia es el cese a la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos. Además, piden que se reinstale el Estatus de Protección Temporal (TPS), que alberga a cientos de miles de salvadoreños y otros miles de hondureños y nicaragüenses. También llaman a cancelar los programas de tercer país seguro firmados con Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos últimos consisten en recibir solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras este país resuelve sus casos.
Otro de los puntos importantes, con relación al TPS y al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a jóvenes indocumentados, es que los beneficiarios puedan acceder a una residencia permanente.
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De acuerdo a declaraciones de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, esto será una prioridad en la política migratoria del gobierno entrante, por lo que estas organizaciones urgen que se concrete el anuncio.
José Urías, de la Alianza TPS, destaca que estas declaraciones de Harris resultan después de 20 años de activismo y de abogar por los tepesianos, que considera han sido perseguidos por la administración Trump.
Romper el enfoque draconiano
Separar familias, cancelar el TPS y los acuerdos de tercer país seguro son algunas de las pautas marcadas en la administración de Donald Trump, que se ha caracterizado por presionar a sus vecinos al sur para detener la migración irregular y establecer políticas “draconianas”.
Asimismo, este gobierno ha procedido de manera transaccional con los países del Triángulo Norte, congelando la cooperación hasta que se comprometieron a recibir migrantes de otros países. Asimismo, Washington ha consentido abusos de poder de gobiernos del Triángulo Norte, particularmente del salvadoreño comandado por Nayib Bukele, pues este se ha sumado incondicionalmente a los planes migratorios de la Casa Blanca.
En su carta, las más de 70 organizaciones destacan que Biden ha “dado señales alentadoras con respecto a la voluntad de su administración de trabajar por los derechos de las y los centroamericanos”.
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Sin embargo, urgen que haya cambios drásticos con respecto a las políticas de Trump. De no hacerlo, consideran que se puede “recrudecer las políticas que han contribuido a la pobreza, la desigualdad y la violencia en la región”.
La administración entrante, que toma posesión este miércoles, ha anunciado un plan que buscará reducir la migración irregular por medio de invertir en la institucionalidad democrática, el combate a la corrupción y la creación de oportunidades económicas. Es decir, busca atacar las causas estructurales que empujan a miles a buscar llegar sin papeles a Estados Unidos.
La directora ejecutiva del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), Alexis Stoumbelis, dijo que además de cambios en políticas migratorias, “se está instando al pueblo estadounidense a repensar cómo hace política en Centroamérica” y llamó a que desde Washington se promuevan iniciativas para atender a las poblaciones más vulnerables.