OPINIÓN: Almagro hace referencia a una condena de los hechos del 9F que nunca hizo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó en una entrevista con el periodista Gustau Alegret que “estamos de acuerdo en que no es procedente y es condenable ingresar a un parlamento con militares”.

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Luis Almagro, secretario general de la OEA. Foto/AFP

Por Ricardo Avelar

2020-07-01 3:52:00

En una entrevista con el periodista Gustau Alegret, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que “estamos de acuerdo en que no es procedente y es condenable ingresar a un parlamento con militares”.

Esto en referencia a la toma que el 9 de febrero hizo el presidente Nayib Bukele del recinto legislativo, acompañado de militares y policías fuertemente armados. Pese a las diferentes excusas que malabareó en los días siguientes al hecho, el 24 de febrero Bukele reconoció en una conversación con un artista que lo hizo para “presionar” a los diputados por un préstamo.

Sobre lo condenable de este hecho, Almagro dice que “hemos sido muy claros al respecto”. Sin embargo, eso contrasta fuertemente con la realidad. La secretaría general de la OEA no solo no ha sido clara en condenar la toma del Congreso, sino que ha validado la versión del Ejecutivo salvadoreño.

El 8 de febrero, un día antes de la toma, pero cuando ya se configuraban los elementos para esta y el presidente y sus aliados hablaban de una “insurrección” contra el Legislativo, Almagro tuiteó: “Mantuve conversación telefónica con (la) Canciller de El Salvador, Alexandra Hill. Expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente Nayib Bukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados”.

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Ni una palabra de la amenaza a la independencia del poder Legislativo. Diez días después de consumar lo que muchos consideraron un intento fallido de golpe, volvió a tuitear sobre El Salvador, nuevamente respaldando la versión del Ejecutivo:

“Me reuní con la Canciller de El Salvador Alexandra Hill quien se refirió a la normalización institucional del país y al respeto al equilibrio de poderes, citando como ejemplo acatamiento de decisiones de la Corte Suprema de Justicia”.

“Normalización institucional del país” y “respeto al equilibrio de poderes” son justamente dos principios que se rompieron ese día frente al Congreso y al interior del Salón Azul. Por ello, la Corte Suprema de Justicia tuvo que ordenarle al presidente no repetir esos hechos.

En una resolución judicial del 10 de febrero, la Sala exigió “al presidente de la República a que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular ala separación de poderes”.

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Y sí, el Gobierno acató, pero el hecho, la presión indebida y por medio de las armas, ya estaba consumada. Y el secretario general guardó silencio, al menos en público.

El 10 de mayo, en una conferencia virtual organizada por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, El Diario de Hoy le hizo una pregunta al respecto a Almagro. “A mí no me preocupa cuando hay diferencias entre los poderes del Estado”, dijo.

Sin embargo, en El Salvador lo que se ha certificado por decenas de organizaciones locales e internacionales de la talla de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y medios prestigiosos como el New York Times o el Washington Post no es una simple “diferencia entre poderes”, sino un repetido patrón de desafío a las normas democráticas e intentos por desconocer órdenes judiciales que limitan el ejercicio de su poder. Hay quienes ya adelantan las intenciones de Bukele de configurarse como un líder autoritario.

Irónicamente, en esa misma conferencia, minutos antes Almagro habló del carácter esencial de los órganos legislativos, especialmente en momentos de crisis sanitaria en los que el Ejecutivo tiende a tomar un rol más preponderante. “Los parlamentos son fundamentales y su función es imprescindible para el mejor funcionamiento del sistema democrático”. Además, dijo el secretario general, “los aparatos judiciales han tenido que ajustar sus trabajos para tener que cumplir su función esencial de frenos y contrapesos” a los gobiernos centrales. Este aprecio por la función del judicial y del legislativo aplica, al parecer, en términos generales, no así para el caso salvadoreño.

Voces “recurrentemente histéricas”

En un fragmento colocado en Twitter de la entrevista con el periodista Alegret, Almagro critica a las voces “recurrentemente histéricas” que, dice, inventan dictaduras donde no las hay. El secretario recuerda que en todos los países se ha restringido derechos de alguna manera para prevenir el auge del COVID-19.

Pero no hace referencia al abierto desafío de una orden judicial de la Sala de lo Constitucional de parar detenciones arbitrarias a quienes presuntamente violaban la cuarentena domiciliar obligatoria. En esa ocasión el presidente no solo no cumplió, sino que dijo que los magistrados le ordenaban “asesinar” a los salvadoreños, y más recientemente les llamó genocidas.

Almagro tampoco se refiere a lo que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido: “que el estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación de la COVID-19”.

Y, para no ir más lejos (casi literalmente), a menos de un kilómetro de su oficina en Washington se encuentra el Departamento de Estado, institución que si bien certificó que El Salvador puede recibir cooperación de Estados Unidos, advirtió por primera vez de actitudes peligrosas para el estado de derecho como la misma toma militar del 9 de febrero y o esfuerzos por silenciar a la prensa crítica.

Así que, como dice Almagro, El Salvador dista de encontrarse en una dictadura. Pero el autoritarismo no es blanco o negro. Los países no saltan de democracia a dictadura por arte de magia. Lo que el gobierno de Bukele ha exhibido en un año es más un deterioro progresivo y preocupante del estado de derecho. Lo ha hecho con actos puntuales como el fatídico 9F, pero también con una sistemática retórica de desprecio a la institucionalidad y una apología constante al centralismo, que en un país con profundos problemas y gran desafección encuentra suelo muy fértil para degenerarse.

Las voces, por tanto, pueden haber sido recurrentes, pero no completamente carentes de sentido.

El 10 de mayo, Almagro añadió que “el sistema ha sido avanzando y tiene una discusión política vibrante”. Esto solo será así, vibrante, cuando el presidente y su círculo entiendan que la democracia implica someterse a controles, límites y al constante cuestionamiento de la prensa y la ciudadanía que no por tener dudas o comentarios se vuelve enemiga.

Pero si no cambian estas actitudes, El Salvador continuará su deterioro institucional, alimentado por un constante desprecio del mismo mandatario a las normas democráticas y con el silencio cómplice de un secretario que venía ganando mucho prestigio como un feroz defensor de la institucionalidad, pero en el caso salvadoreño no ha mantenido ese estándar.