La Ley de Agentes Extranjeros de Nicaragua, la cual fue aprobada hace casi un año en ese país, ha sido usada por el orteguismo para cancelar a 55 organizaciones no gubernamentales que el régimen considera sus enemigas, según denunció una defensora de los derechos humanos.
Haydée Castillo, de la organización Nicaragüenses en el mundo, denunció que una ley de ese tipo sirve para “estigmatizar” la labor que realizan estas organizaciones que resultan incómodas para los gobernantes. La denuncia la hizo en un foro organizado por Cristosal para entender los alcances de una ley similar que envió el presidente Nayib Bukele y que ya cuenta con dictamen favorable y solo espera bajar al pleno legislativo a su aprobación.
“Con esta ley asistimos a un asalto del Estado social y de derecho el marco jurídico de la Constitución, que plantea que todos tenemos derecho a intervenir en los asuntos de la nación. Esta ley que hoy copia El Salvador violenta la Constitución en Nicaragua que dice que los ciudadanos tienen derecho de constituir organizaciones”, valoró Castillo durante el foro.
Según explicó, en Nicaragua esta Ley de Agentes Extranjeros pone barreras a los proyectos de defensa de los derechos que realizan para denunciar los abusos del orteguismo-murillismo.
“Esta ley divide al país en dos tipos de ciudadanos: unos que considera patriotas si están a favor de todo lo que la dictadura hace y antipatriotas que cataloga como agentes extranjeros”, explicó.
Más aún, esta ley, junto a otra que deja el arbitrio al ministerio público de acusar a miembros de organizaciones de socavar la soberanía del país, han provocado que muchos se hayan exiliado en otras naciones debido a la persecución de la que son víctimas. De hecho, Castillo participó en el foro de manera virtual desde el exilio en el que se encuentra.
“Tenemos 55 organizaciones que han sido arbitrariamente clausuradas por la dictadura basándose en argumentos falsos. Presentamos cada año informes detallados de cada actividad que realizamos. Año con año se rindieron informes financieros, técnicos, etc.”, explicó.
Y es que el problema, denuncia Castillo, es que el régimen orteguista ve a los miembros de las ONG que defienden derechos humanos como obstáculos para mantenerse gobernando por la denuncia que hacen de atropellos a la institucionalidad.
“Estamos asistiendo a poderes fácticos que se aferran al poder y ven en las organizaciones de la sociedad civil una amenaza a su poder, por el hecho que enseñamos los derechos a la ciudadanía, promocionamos los derechos y los protegemos”, aseguró.
Guatemala ya lo vivió
En Guatemala no se ha aprobado una Ley de Agentes Extranjeros con ese nombre, pero el Congreso sí avaló en junio de este año una reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales que en la práctica criminaliza el trabajo de estas.
“Veo que hay muchas similitudes con apenas una reforma a la Ley de ONG. No es el paso abierto y específico a lo que abarca una Ley de Agentes Extranjeros, pero el 21 de junio de este año entró en vigor un decreto impone nuevos requisitos y da potestad al Gobierno de cancelar el registro de una ONG discrecionalmente”, explicó Anabella Sibrián, directora de Protección Internacional Mesoamérica, con sede en Guatemala.
De esta forma, el Gobierno y el Congreso en Guatemala actúan de una forma similar a la de Ortega. Sibrián recuerda que si bien en el Triángulo Norte estas leyes son nuevas, en Rusia se usa desde 2012.
“Estas leyes contribuyen a la estigmatización, constituyen narrativas contra las organizaciones que defienden los derechos de las personas”, lamentó la guatemalteca en el foro de Cristosal.
En Rusia, esta ley se ha ido modificando con los años y aunque en 2012 solo registraba como agentes extranjeros a organizaciones, desde este año el gobierno ya puede incluir en esa lista a personas como defensores de derechos humanos o periodistas que tienen respaldo de gobiernos u organizaciones internacionales, aunque su finalidad sea colaborar con la construcción de sociedades abiertas o la promoción de la democracia o la transparencia.
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El anteproyecto de Ley de agentes extranjeros que tiene lista la bancada del presidente Nayib Bukele no se incluyó en la plenaria de este martes luego de condenas y llamados internacionales a no pasarla tal como está por considerarla atentatoria contra los derechos de asociación y defensa de los derechos humanos.
De hecho, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa dijo este martes que se iba a revisar con la comunidad internacional, la cual ha mostrado numerosas preocupaciones. Entre ellas, el impuesto confiscatorio de 40% a las transferencias recibidas desde el exterior, la amenaza de cárcel a quienes subviertan el orden público o la amenaza a la cooperación internacional en general.
LEY PUTIN: EL EFECTO DOMINÓ
En 2012 se aprobó en Rusia la Ley de agentes extranjeros que criminaliza a las organizaciones que reciben apoyo financiero desde el exterior y resultan incómodas al gobierno. El mandatario Vladimir Putin ha ido endureciendo la ley.
En 2020, Nicaragua copió el espíritu y hasta el nombre de esa ley para criminalizar el trabajo de denuncia que hacen las ONG en ese país. Ahí se conoce popularmente como Ley Putin.
Guatemala modificó en junio de 2021 la Ley de ONG que también obstruye el trabajo de las organizaciones que defienden los derechos humanos.
En noviembre de este año, el gobierno del presidente Nayib Bukele envió al Congreso la Ley de Agentes Extranjeros que también ha sido duramente criticada por la cortapisa que impone a las organizaciones de la sociedad civil.