El régimen del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no soporta la crítica por el manejo que le están dando a la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y se la cobra a los médicos.
“Las autoridades nicaragüenses han despedido al menos a 10 profesionales de la salud en aparente represalia por expresar su preocupación sobre el manejo del gobierno de la crisis”, dice este martes Human Rights.
“El régimen de Ortega debería permitir de inmediato que los profesionales de la salud se reincorporen a sus puestos, compensarlos por los salarios que no percibieron y adoptar medidas efectivas para responder a la pandemia”, agrega desde una nota de su sitio web.
El 18 de mayo de 2020, más de 700 profesionales de la salud del sector público y privado firmaron una carta en la cual exhortaron al gobierno a reconocer la propagación comunitaria del virus en Nicaragua y a adoptar las medidas de prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, recordaron.
“Contradiciendo el discurso oficial, según el cual el virus ha tenido poco impacto en el país, destacaron que el precario sistema público de salud nicaragüense tiene una alta probabilidad de colapsar en los próximos días, lo que pone a la población general en un elevado riesgo de muerte”, agrega.
“Ortega busca intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
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“El gobierno pasó de negar la pandemia a intentar ocultar de manera deliberada las consecuencias de su vergonzosa falta de respuesta frente al virus.
“Despedir arbitrariamente a profesionales de la salud en un contexto de pandemia sólo incrementa la posibilidad de que ocurra un desastre”, afirma Vivanco, quien posteó la nota del sitio en su cuenta de Twitter.
En junio, Human Rights Watch entrevistó telefónicamente a cinco de los médicos despedidos y a otro que había renunciado, incluyendo una internista, un cirujano general, una otorrinolaringóloga, una anestesióloga y un médico infectólogo.
“Todos se desempeñaban en el sistema de salud pública y habían firmado la carta del 18 de mayo que instaba al gobierno a actuar con rapidez para detener la propagación del virus”, dijo la organización.