Diez años después del golpe de Estado a Manuel Zelaya, la crisis política, social y económica en que cayó Honduras sigue latente y con nuevos actores protestando y exigiendo la salida del actual gobernante, Juan Orlando Hernández.
El mismo Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales que la ley le impedía, reiteró este viernes su exigencia de que Hernández, a quien tilda de “usurpador” y “dictador”, salga del poder, en el que dice que se sostiene con el apoyo de los militares y Estados Unidos.
Zelaya tenía previsto este viernes recordar el décimo aniversario de su derrocamiento en el extremo sur de Tegucigalpa, en un bulevar frente al Aeropuerto Toncontín, con un homenaje a los “mártires” que murieron luego del golpe de Estado, pero los militares se lo impidieron, según denunció el exgobernante en Twitter.
En ese sitio murió de un balazo en la cabeza Isi Obed Murillo, cuando participaba en una multitudinaria manifestación para recibir a Zelaya el 5 de julio de 2009, pero los militares impidieron que aterrizara el avión en el que regresaba a Honduras, acompañado por el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y otras personas.
“Los militares de JOH (Juan Orlando Hernández) desmontaron la carpa para conmemorar el asesinado del primer mártir de la resistencia Isi Obed Murillo. Ahora a (las) 4 PM (22.00 GMT), la ofrenda por los mártires y la libertad de los presos políticos, se colocará en la estatua de (Francisco) Morazán”, indicó Zelaya en Twitter.
Por su parte, la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, quien fue la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales de 2013, señaló que “10 años después Honduras amanece militarizada. ¡Le tienen miedo a la verdad! Hoy destruyen la conmemoración a los mártires del golpe, acciones grotescas de la dictadura”.
Los accesos al Aeropuerto Internacional Toncontín amanecieron cerrados y bajo un riguroso sistema de seguridad, con militares y policías provistos de escudos, chalecos antibala, bastones, bombas lacrimógenas y en algunos casos con armas automáticas.
El diputado Juan Barahona, de Libre, primera fuerza de oposición en el Parlamento hondureño, dijo a Efe frente al Aeropuerto Toncontín que después del derrocamiento a Zelaya en 2009 “aquí no ha cambiado nada, el golpe de Estado nos retrocede 50 años y los 10 años del golpe nos han hundido en una pobreza que no es fácil sacar a este país donde se encuentra”.
“Tenemos dictadura, la dictadura se mantiene producto de la bota militar que lo sostiene. Hoy, a 10 años del golpe de Estado, el golpe nos golpea a todos, a los golpistas y los golpeados, y para que se resuelva el problema debe renunciar el dictador”, añadió.
Barahona señaló que el homenaje a Isi Obed Murillo no fue posible porque “el dictador sacó todas las tropas de la Policía Nacional y la Policía Militar y ha impedido que se haga el acto”.
El segundo acto previsto para este viernes, auspiciado por Libre, que surgió en 2011 y cuyo coordinador general es Manuel Zelaya, es un concierto musical en el centro histórico de Tegucigalpa, donde se rendirá el homenaje a los “mártires” que dejó el golpe de Estado.
Entre unas 30 personas que pudieron llegar al extremo sur de la capital, a la denominada Plaza Isi Obed Murillo, figuran los padres del joven que murió el 5 de julio de 2009, Silvia Mencía y David Murillo, y otras que portaban claveles y globos blancos.
“Ahora no pasamos buenos días en Honduras, ahora no pasamos unas buenas noches en Honduras porque vivimos en un país de zozobra, en un país que ya no soportamos. Para mí, lo doloroso en este día es estar recordando, abriendo esas heridas”, subrayó la madre de Isi Obed, quien había llegado a la marcha del 5 de julio de 2009 desde el oriental departamento de Olancho.
Mencía recordó que su hijo “solo tenia 19 años” y era “un joven inocente, que tenía una vida por delante para ser una buena persona para su país”.
Luego de ser derrocado, Zelaya fue sustituido por Roberto Micheletti, entonces presidente del Parlamento, quien el 27 de enero de 2010 le entregó el poder a Porfirio Lobo, del Partido Nacional.
El Parlamento definió el golpe de Estado como una sucesión constitucional, mientras Honduras se mantuvo aislada por la comunidad internacional desde el derrocamiento de Zelaya hasta su retorno al país, el 28 de mayo de 2011.
El expresidente, a quien Hernández acusa en parte de la violencia que vive ahora el país, regresó gracias al Acuerdo de Cartagena, que acordó Lobo con sus entonces homólogos de Colombia Juan Manuel Santos y de Venezuela Hugo Chávez.
El golpe de Estado a Zelaya dividió a los hondureños entre “golpistas” y “golpeados”, además de sumir al país en una crisis que no ha sido superada en diez años.
A esa crisis se han sumado la reelección de Hernández en los comicios de 2017 que, según la oposición, ganó mediante “fraude”, mientras que desde abril un sector de los maestros y médicos exigen mejores sistemas de educación y salud, con protestas a diario, de las que algunas han derivado en acciones violentas y dejado al menos tres muertos y muchos lesionados y detenidos.