El posible reinicio del diálogo nacional de Nicaragua para superar la peor crisis del país en décadas, con la Iglesia Católica como mediadora, dio sus primeros pasos entre críticas por falta de garantías, vertidas este domingo por diversos sectores sociales.
Las críticas surgieron luego de que el Gobierno y la Arquidiócesis de Managua informaron que el presidente Daniel Ortega se reunió la noche del sábador, en privado, con un grupo de empresarios, la mayoría banqueros, para retomar el diálogo que el gobernante abandonó en julio pasado, y que involucraba a diversos sectores de la sociedad nicaragüense, entre ellos estudiantes, campesinos y académicos.
El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua advirtió que un diálogo no puede comenzar sin la liberación de los manifestantes encarcelados, ni el restablecimiento de las libertades públicas, entre ellas, la de libre expresión, movilización, reunión y prensa.
El Comité exigió, “como punto de partida”, la liberación “inmediata de todos los presos políticos sin condición alguna, bajo las garantías imprescindibles de respeto a sus libertades de movilización”.
Asimismo demandó, en su calidad de “víctimas primarias de la brutal represión del régimen Ortega Murillo, seamos interlocutoras directas de las decisiones concernientes a la verdad, justicia penal, reparación integral y garantías de no repetición”.
El Comité reclamó “garantías reales del cese de los secuestros, acoso y persecución al pueblo que hace uso de su legítimo derecho a la organización y protesta pacífica”, así como “el desarme y disolución de los grupos parapoliciales”, y el “retorno seguro de los exiliados políticos”.
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Al igual que la Articulación de Movimiento Sociales, el Comité señaló la necesidad del retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Mesini).
El Gobierno de Nicaragua y la Arquidiócesis de Managua anunciaron la noche del sábado que se han reanudado los contactos con el sector privado para resolver la crisis local.
“El día de hoy 16 de febrero de 2019, el Gobierno de Nicaragua se reunió con un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense, para abordar temas importantes para el bien común del país”, informó el Gobierno, a través de una escueta nota de prensa.
El cardenal Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y arzobispo de Managua valoró como “positivo” el acercamiento entre las partes involucradas en discutir la situación.
Reportes periodísticos locales informaron que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, confirmó las pláticas.
“No fue un diálogo. Fue un encuentro que los empresarios querían tener con el señor presidente, para expresarle las inquietudes, se escuchó y quedaron en seguir teniendo otros encuentros para seguir consolidando”, explicó el jerarca católico, quien aclaró que aún no se ha establecido fecha para sostener una nueva reunión.
“No se ha establecido una agenda, pero yo pienso que siempre un primer encuentro es positivo después que no se había podido dar, así que tenemos que seguir”.
Al ser cuestionado sobre si la iglesia Católica continuará como mediadora, Brenes indicó que “cuando nos inviten las partes nosotros siempre estamos dispuestos a servir”.
Entre tanto, los miembros de la Alianza, entre ellos miembros del sector privado, universitarios y representantes de la sociedad civil, expresaron apoyo y respaldo al esfuerzo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su búsqueda de una solución a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril del año pasado, señaló un artículo de elnuevodiario.com.ni.
En este marco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enumeró por lo menos cinco requisitos que debe tener el diálogo en Nicaragua:
1. Representatividad: incluir a los familiares de las personas que han muerto y han sido detenidas, así como de las exiliadas, de los estudiantes, de los movimientos sociales y campesinos, de los nuevos colectivos y movimientos surgidos pos crisis.
2. Paridad: la Mesa de Diálogo requiere equilibrio de representación eclesiástica, empresarial y social en relación a las instituciones del Estado.
3. Libertad: diálogo de buena fe exige liberar a todos los presos políticos, devolver bienes confiscados a medios de comunicación, restituir personería jurídica a organizaciones y dejar sin efecto los decretos de la Policía Nacional que prohíben manifestaciones.
4. Espontaneidad: permitir en la práctica las manifestaciones públicas, cesando la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos y así desactivar el ambiente de represión e intimidación.
5. Credibilidad: compromiso público previo de que los acuerdos asumidos en el diálogo serán efectivamente cumplidos por todas las partes, con presencia de veedores internacionales.
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El pasado viernes el Gobierno nicaragüense y la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron el inicio de conversaciones bilaterales sobre la situación de Nicaragua.
Un diálogo nacional entre diversos sectores de la sociedad nicaragüense y el Gobierno, con la mediación del episcopado, ya había sido abandonado por Ortega en julio pasado.