EE. UU. sanciona 13 exmilitares por asesinato de jesuitas en El Salvador en 1989

El anuncio de la sanción, que consiste en la prohibición de ingreso en EE.UU. de los exsoldados, ocurre mientras en la Asamblea se discute el proyecto de Ley de Reconciliación. Para el sacerdote José María Tojeira, la sanción es un "reconocimiento tardío" de la masacre.

Foto/ Archivo

Por Agencia EFE

Ene 29, 2020- 14:15

Estados Unidos sancionó este miércoles a 13 exmilitares salvadoreños por su vinculación con el asesinato en noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas -cinco españoles y uno salvadoreño- y de dos mujeres durante la guerra civil que sacudió El Salvador entre 1980 y 1992.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló que la sanción, que consiste en la prohibición de ingreso en EE.UU. de los exsoldados y miembros de su familia inmediata, “se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en el Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales” ocurridos en el campus de la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA).

Los exmilitares, de distintos rangos, fueron identificados como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra. El grupo lo completan Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.

“Estados Unidos condena todas las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar desde ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por los partidos gubernamentales y no gubernamentales”, puntualizó Pompeo en la nota.

Además, detalló que el Gobierno estadounidense apoya la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en El Salvador.

“Valoramos nuestra relación de trabajo permanente con las Fuerzas Armadas de El Salvador, pero continuaremos usando todas las herramientas disponibles y autoridades, según proceda, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y abusos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los cometió”, agregó.

El anuncio de la sanción ocurre luego que en la Asamblea Legislativa se iniciaran jornadas para que los diputados escuchen a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado. Durante el primer día del foro, el presidente de Asamblea, Mario Ponce, dijo que espera que la Ley de Reconciliación sea aprobada antes del 28 de febrero.

Imagen del 16 de noviembre de 2006 en la Capilla de la Universidad Centroamericana, de un mural de los seis sacerdotes jesuitas españoles y dos de sus colaboradoras, asesinados por militares en 1989. Foto AFP/ Archivo

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de elite ejecutó a los religiosos, en lo que ha sido considerado un crimen de lesa humanidad.

Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. También fueron ejecutadas la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Ellacuría, entonces rector de la UCA, denunció las condiciones de pobreza en las que vivía la mayoría de la población campesina en el país.

Sanción es “reconocimiento tardío” al crimen, dice Tojeira

La sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a trece militares involucrados con la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989 en El Salvador es un “reconocimiento tardío” del crimen, dijo a Efe el sacerdote José María Tojeira, uno de los principales impulsores del proceso penal.

Para Tojeira, exrector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), esta sanción es un reconocimiento al proceso penal de inicios de la década de los años noventa y del Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993.

“Son reconocimientos un poco tardíos y más con la información que los norteamericanos han tenido siempre sobre este caso”, apuntó Tojeira, y añadió que “en los papeles desclasificados de los Estados Unidos aparecen muchos más nombres” que los que fueron sancionados.

Tojeira también explicó que en el proceso en España se encuentran acusadas otras personas en calidad de “cómplices, conspiradores, inductores y de facilitadores” y tampoco fueron sancionadas.

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