El 17 de mayo, un grupo de 30 congresistas de ambos partidos en Estados Unidos introdujo una resolución condenando los ataques al Estado de derecho y llamando a que se restablezca la democracia en El Salvador. Esta fue enviada a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que la avaló esta tarde.
Entre los legisladores que firman la resolución, hay personajes importantes del bando demócrata y del republicano, quienes ocupan posiciones de liderazgo en comités como el de relaciones exteriores o el de apropiaciones, que supervisa el dinero que eroga EE. UU. y sostiene conversaciones importantes con entidades financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.
En este proyecto de resolución, los legisladores reafirman que el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia y la independencia judicial son prioridades para los Estados Unidos, no solo en materia de política exterior para El Salvador, sino también como un interés de seguridad nacional.
Esto, pues la ausencia de estas condiciones repercute directamente en el incremento de la migración y regular hacia territorio estadounidense, así como la captura del Estado salvadoreño por parte de grupos criminales.
Estos congresistas también “condenan el proceso por el cual los cinco magistrados de la sala de lo constitucional fueron removidos sin una causa legal establecida y reemplazados en una forma que se saltó el proceso legal para elegir nuevos magistrados”.
Este golpe fue duramente criticado dentro de El Salvador, pero también en Estados Unidos, donde personajes de la talla del secretario de Estado y la misma vicepresidenta Kamala Harris lamentaron este hecho. Por ello, el Congreso “urge al gobierno de El Salvador respetar la independencia del Órgano Judicial y la separación de poderes que establece la Constitución de El Salvador”.
Además, llama a garantizar la independencia del procurador de Derechos Humanos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas y llama a no destituirlos.
Ante llamados similares de respetar la democracia, el presidente salvadoreño dijo a la comunidad internacional que están “limpiando la casa” y que esto “no es de su incumbencia”, al tiempo que intentó elucubrar excusas para justificar los golpes dados. Y cuando Estados Unidos pidió restablecer el orden previo al golpe, Bukele dijo que las remociones eran “irreversibles”.
Llaman a no golpear a la prensa
El congreso estadounidense también llamó al gobierno de El Salvador a dejar de afectar la libertad de prensa. En numerosas ocasiones, observadores locales, pero además numerosos miembros del Legislativo estadounidense señalaron que el gobierno de Bukele y sus aliados han hecho esfuerzos para silenciar a la prensa crítica y no rendir cuentas.
Los legisladores también llaman a cooperar con la CICIES, la gran promesa del gobierno de Nayib Bukele que ha sido relegada una vez que empezó a dar resultados. En abril, el jefe de la comisión anunció que esta instancia remitió al menos 12 casos de presunta corrupción en 5 instituciones de gobierno.
Preocupación por la ley que blinda posible corrupción en pandemia
En la segunda plenaria de la actual legislatura con amplia mayoría oficialista, se aprobó una ley que otorgaba una amnistía de manera retroactiva a posibles ilícitos cometidos en la atención a la pandemia del COVID-19.
Esta ley llega en momentos en que varios funcionarios del ejecutivo están bajo investigación por posible corrupción o compras ilícitas durante la atención a esta enfermedad. Al respecto, los legisladores estadounidenses manifestaron su “profunda preocupación por la aprobación de una ley que podría proveer inmunidad a oficiales de gobierno actual es involucrados en actos criminales o corruptos”.
En ese sentido, también manifestaron su preocupación porque el nuevo fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, no garantiza que se aplique objetivamente la ley, especialmente “dado sus comentarios recientes sugiriendo que podría cerrar investigaciones sobre presunta corrupción en la administración Bukele“.
El pronunciamiento busca además que se fortalezca el acceso a la información pública y se garantice la transparencia en El Salvador. En contraste, el gobierno ha limitado el acceso conocer como se administran los recursos públicos y ha protagonizado una sistemática toma del Instituto de Acceso a la Información Pública que limita las acciones de esta institución en lo relativo a datos que el Ejecutivo no ha revelado.
Para garantizar avances en estos puntos, detener la debacle democrática en el país y respetar el balance de poderes y la profesionalización de los cuerpos de seguridad, los congresistas “llaman al gobierno de Estados subidos a nombrar y un embajador en El Salvador lo más pronto posible”.
Esta no es la primera vez que desde el Congreso de los Estados Unidos se pronuncian en contra de los abusos de poder de Nayib Bukele y que condenan el golpe a la institucionalidad. Sin embargo, no se había producido una iniciativa patrocinada por tantos congresistas y de ambos partidos.
Esto revela la profunda preocupación que hay en el país norteamericano sobre el deterioro de la democracia en El Salvador y cómo esto podría traer consigo un incremento en la migración irregular, debido a que importantes recursos para atender necesidades de los más vulnerables se pierden por la corrupción, aunado a que la inseguridad y los abusos a los derechos humanos pueden obligar a muchas familias a optar por dejar el país.