Los decretos del gobierno hondureño que autorizan los reajustes de la fuerza laboral en los sectores de educación y salud, impulsaron enormes protestas. Pero a pesar de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, prometió el pasado 3 de junio revertirlos, las protestas se han extendido a una sección transversal más amplia de la izquierda política.
Estas demostraciones son el último capítulo de una larga serie de protestas de sectores de izquierda contra el gobierno de Hernández. El presidente, ganó en noviembre de 2017 unas elecciones muy disputadas, que la izquierda le acusó de haberlas amañado. Los casos frecuentes de corrupción que involucran a los asociados del presidente, han reducido sus índices de aprobación desde que asumió el cargo en 2018. Y las agencias de cumplimiento de la Ley, de los Estados Unidos, investigan denuncias de tráfico de cocaína en su contra.
Las manifestaciones en Honduras han mostrado ser muy violentas, que con frecuencia involucran daños a la propiedad o la pérdida de vidas cuando los manifestantes persiguen a los conductores de vehículos que no se detienen en las barricadas. Estas marchas también han dañado negocios en San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso y La Ceiba.
La situación de seguridad en Honduras se deteriorará rápidamente, la ola de protesta continúa y su violencia podría enviar más migrantes al norte.
Las protestas y ataques están dirigidos hacia los intereses de Estados Unidos. Y no es de sorprenderse, dado el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Hernández. Los intereses de otros países y compañías extranjeras que se consideran apoyan al gobierno, también podrían ser atacados o sufrir daños en disturbios públicos.
Es de considerar qué si las manifestaciones crecen, podrían interferir con las cadenas de suministro y perjudicar a las empresas extranjeras que tienen personal e instalaciones en el país. Y dado que Honduras tiene pocas rutas de transporte importantes, hasta las protestas relativamente pequeñas podrían cortar los principales corredores logísticos y provocar escasez de alimentos y de combustibles.
Las protestas podrían continuar hasta el 28 de junio, cuando se cumple el décimo aniversario del golpe de Estado del 2009 que destituyó al presidente Manuel Zelaya. Incluso podrían ganar impulso y convertirse en una larga insurrección contra el presidente Hernández. La situación de seguridad en Honduras se deteriorará rápidamente, si la ola de protestas continúa ganando impulso, enmarcadas en una economía aún más deprimida, lo que seguirá empujando la emigración. Y el lugar lógico al que iría la gente para encontrar empleos de bajos salarios, será Estados Unidos. Esto, a su vez, podría hacer que Estados Unidos ejerza aún más presión sobre México, ya sea subiendo los aranceles u otras medidas, para frenar la migración desde Centroamérica.
La semana pasada, medios de comunicación informaron que los manifestantes incendiaron 62 camiones y contenedores de la empresa norteamericana “Dole”, que se dirigían a Puerto Castilla para exportar a Estados Unidos. Los manifestantes cerraron un puente en la carretera CA-13, obligando a los vehículos a detenerse cerca de la aldea de Guadalupe Carney. En Tegucigalpa quemaron neumáticos frente a la Embajada de los Estados Unidos. El fuego dejó marcas de quemaduras en el muro exterior de piedra de la representación diplomática; suerte que causó poco daño antes de extinguirse.
Aunado a estos eventos, el pasado viernes por la noche, el presidente Donald Trump anunció que suspendió los planes de aumentar aranceles a México. Tuiteó que la nación latinoamericana había acordado tomar fuertes medidas para detener el flujo de migración a través de México.
El gobierno mexicano también accedió a tomar medidas, que incluyen el emplazamiento de la Guardia Nacional en la extensa frontera con Guatemala.
Exministro de Economía