Varias fiestas clandestinas que se desarrollan pese a las restricciones por el COVID-19 en Argentina han salido a la luz en los últimos días. Uno de los casos que ha impactado a la ciudadanía de ese país ocurrió el pasado 27 de junio en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, según medios locales.
En el lugar, una embarazada de 25 años que contrajo el virus del SARS-CoV-2 decidió celebrar un "baby shower" al que asistieron más de 20 invitados.
La mujer había tenido síntomas compatibles con el coronavirus, por lo que un día antes de la fiesta se practicó una prueba, cuyo resultado dio positivo.
Ante el diagnóstico, los médicos le indicaron que debía hacer el aislamiento correspondiente, detalló el portal rosario.telefe.com. Sin embargo, la joven decidió realizar el evento a pesar de estar enferma y haciendo caso omiso a las restricciones vigentes para evitar la propagación del virus.
Pero el movimiento de personas en vehículos que habían llegado a una casa y que bajaban con regalos llamó la atención de algunos vecinos que alertaron a las autoridades sobre la actividad clandestina.
El subjefe de la Unidad Regional Madryn, Víctor Urrutia, dijo a los medios que fueron avisados "de que esta mujer había publicado el evento en las redes sociales, donde había anunciado fecha y horario", por lo que acudieron de inmediato.
Entre los denunciantes estaba un familiar de la organizadora de la actividad, quien decidió no ir al "baby shower", porque estaba enterado sobre el contagio de su pariente.
En la casa del festejo, los agentes localizaron a 18 adultos y seis menores de edad, cuando en dicha provincia se permiten reuniones sociales con hasta 10 personas, señaló noticiasnet.com.ar.
El desenlace de la fiesta
Las autoridades procedieron a suspender la celebración y a multar a los asistentes. Mientras, la anfitriona confesó que un día antes se practicó un test de COVID-19 y este dio positivo, indicó pagina12.com.ar.
Ante la aclaración, los invitados también quedaron en cuarentena.
Mientras, que la organizadora del evento, además, será imputada por violar las restricciones contra el COVID-19 y podría enfrentar una pena de tres a 15 años de prisión, según lo establece el artículo 202 del Código Penal que se refiere "a quien propagase una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", añadieron los medios argentinos.