Las dos cámaras que forman el Congreso de Estados Unidos acordaron la aprobación el miércoles 26 de julio en Washington de una ley que obligará al Secretario de Estado a informar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas, según lo revela una publicación de Insight Crime
El documento especifica que a través de una lista se deben dar a conocer “los nombres de altos funcionarios gubernamentales en Honduras, Guatemala y El Salvador sobre los que hay información que han cometido o facilitado actos de gran corrupción o tráfico de drogas”.
Esto debido a que se aprobara la modificación a una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional introducida por la congresista demócrata Norma Torres. En la primera versión, eran el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia las obligadas a informar al Congreso de Estados Unidos.
“Hoy, el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”, dijo Torres en mayo tras incluirse la enmienda en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).
El 27 de junio el Juzgado Quinto de Paz giró las órdenes de detención que luego la Policía hizo llegar a la Interpol, pero a casi un mes del mandato, ni siquiera en el portal figuran los nombres de los imputados.
Son tres listas las que el Secretario de Estado, en coordinación con su homólogo en el Departamento de Defensa, debe presentar a los comités de apropiaciones (presupuesto), relaciones exteriores y defensa de ambas cámaras. Las listas serán parte de un reporte sobre “narcotráfico, corrupción y financiamiento electoral ilícito” en los tres países del Triángulo Norte centroamericano.
Las listas deberán incluir también a los individuos que hayan donado a las campañas políticas con fondos “procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas” en los últimos dos años.
Con información de Insight Crime
Funcionarios corruptos del país en la mira de los EE.UU.
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