La marcha que está prevista para el día lunes 15 de noviembre, y que el Gobierno de Cuba ha considerado ilícita, mantiene a los opositores alertas. Miguel Díaz-Canel ha hecho un llamado a armarse para impedir que los cubanos protesten por la falta de libertades en la isla.
En Cuba hay "suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación", advirtió el domingo el presidente Miguel Díaz-Canel, ante el desafío de grupos opositores de mantener una marcha el 15 de noviembre que el gobierno ya ha prohibido
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) volvió a advertir a la comunidad internacional para que se asegure el derecho a protesta de los ciudadanos cubanos sin que este sea respondido con represión como ya sucedió en julio.
El organismo denunció esta mañana que desde el régimen enviaron órdenes a grupos de estudiantes y otros civiles para que repriman a quienes participen de la manifestación con “palos y objetos contundentes”.
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“Hemos sido testigos de la peligrosa demostración de odio entre ciudadanos que promueve el gobierno, al orientar a las personas armarse con palos para reprimir a otros que decidan sumarse a la manifestación pacífica. Responsabilizamos a Miguel Díaz-Canel por el escenario de violencia que está generando con estas decisiones”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
El clima político de la isla al acercarse el día de la protesta es cada vez más tenso, la presencia militar en las calles también ayuda a eso. Y la prohibición de Díaz-Canel con la voluntad de los convocantes de mantener la marcha en pie, abre una posibilidad para que se repitan los hechos represivos del mes de julio.
Según González Raga, ya hay casos de expulsión en centros de trabajo, y supone que se esté preparando un movimiento para retener a los activistas en sus viviendas.
Cuando el director ejecutivo del OCDH habla de la retención de los activistas en sus casas se refiere al nuevo patrón represivo que inauguró el gobierno cubano a principios de 2020. La dictadura castrense comenzó a sitiar las residencias de los activistas contrarios al régimen para impedirles salir de sus casas.
Los principales afectados por estas medidas son líderes de organizaciones de Derechos Humanos, como la líder de Las Damas de Blanco Berta Soler, activistas políticos, como la activista Liliana Hernández, y periodistas, como Camila Acosta y Luz escobar. Estas mujeres son, según el OCDH, las personas que más retenciones han sufrido.
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González Raga dice que “existe un peligro para la integridad física de los convocantes”.
La fiscalía de la provincia de Mayabeque pidió penas de hasta 25 años de cárcel contra las personas que están presas por las históricas marchas de julio.
A través de la utilización de delitos comunes -como el desacato, la instigación a delinquir y el desorden público, entre otros- buscan condenar a estos presos políticos sumando las condenas pequeñas, creando un pedido de condena extremadamente alto.
Esta práctica busca esconder la verdadera razón de su detención y consiguiente encarcelación: ser contrarios al gobierno y haberse manifestado en consecuencia.