Demócratas del Comité de RR.EE. del Senado piden investigar cancelación del TPS por obviar recomendaciones diplomáticas

En su calidad de demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Senador Robert Menéndez pide que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental estudie las motivaciones tras la cancelación del TPS para Haití, El Salvador y Honduras

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elsalvador.com

Por Tomás Guevara / Washington

2018-05-24 2:04:14

La sucesivas cancelaciones del Estatus de Protección Temporal, TPS, para inmigrantes de Haití, El Salvador y Honduras han puesto al descubierto que tras bambalinas los altos funcionarios de la administración de Donald Trump desoyeron a sus funcionarios diplomáticos y peritos en la región sobre el impacto que una decisión de tal magnitud tendría, incluso para la misma seguridad nacional de los Estados Unidos.

Las negativas del entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, para escuchar las recomendaciones de los embajadores y equipo técnico en las embajadas en San Salvador, Tegucigalpa y Puerto Príncipe quienes advirtieron que cancelar el TPS para los más de 300 mil beneficiarios sería contraproducente para los intereses de Estados Unidos en la región.

Incluso advirtieron que la cancelación del estatus migratorio para cerca de 200 mil salvadoreños, 60 mil hondureños y 46 mil haitianos ponía en riesgo los avances en material de cooperación y combate al crimen organizado, y contra la transnacional MS-13, con el añadido de debilitar el apoyo necesario hacia Estados Unidos desde estos países.

El Senador Menéndez ha señalado que al conocer una serie de cables diplomáticos despachados desde San Salvador, Tegucigalpa y Puerto Príncipe, más cartas y documentación que mostraban las pericias técnicas y recomendaciones de los embajadores y funcionarios del Departamento de Estado, queda claro que el ex secretario Tillerson se replegó a una decisión de carácter político, y dio luz verde al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para cancelar los TPS.

Foto/ Tomás Guevara

Con una carta enviada a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un ente de monitoreo de las acciones del gobierno y que revisa la pertinencia de las acciones tomadas, el Senador Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, espera que se esclarezca esas decisiones e incluso el recién nombrado Secretario de Estado, Mike Pompeo, las revierta.

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“Me preocupa que el entonces Secretario Tillerson recomendó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescinda las designaciones de TPS para El Salvador, Haití y Honduras con un desprecio deliberado del asesoramiento y la experiencia de los funcionarios del Departamento de Estado en Washington y en las embajadas de los EE. UU. En los tres países “, explica el Senador en la carta remitida en días recientes a la oficina federal.

El documento también explica que el ex jefe de la diplomacia estadounidense pasó por alto otras serie de recomendaciones dadas desde las embajadas, como que los tres países mayor beneficiarios del TPS no pueden garantizar la seguridad para recibir a cientos de miles de sus ciudadanos que además llevarían consigo a otros cientos de miles de niños ya nacidos en Estados Unidos y por tanto ciudadanos con pleno derecho de la potencia norteamericana.

La apertura de este caso es el resultado de una investigación de la bancada demócrata en la Cámara Alta del aparato legislativo estadounidense que pidió las transmisiones de los cables diplomáticos desclasificados para revisar el contenido y contrastarlo con las acciones tomadas por la administración de Donald Trump que ha puesto en jaque a los países de la región y a los miles de centroamericanos que viven de manera legal en Estados Unidos por casi dos décadas.

El vencimiento del último TPS para Haití es 22 de Julio de 2019, para El Salvador, 9 de septiembre de 2019, y para Honduras será el 5 de enero de 2020, para los beneficiarios de este vecino país está abierto el proceso de reinscripción.

Informaciones periodísticas en Washington revelan que en los últimos meses la administración de Donald Trump con su Departamento de Seguridad Nacional ha movido piezas para expulsar a más de 300 mil centroamericanos que viven y trabajan de manera legal en el país y que esto tendría una fuerte repercusión en El Salvador y Honduras, que además están enrolados en la Iniciativa Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

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Una apuesta ideada por la administración del ex presidente Barack Obama y apoyada por las bancadas demócratas y republicanas en el Congreso, y que tenía como objetivo primordial generar una subregión de desarrollo estratégico en el istmo, con lo que se minimizaría las migraciones irregulares y generaría un bastión estratégico para la política exterior de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental, y en su vecindario al sur.

En su carta dirigida al Contralor Federal, Gene Dodaro, el senador Menéndez enfatiza en la importancia de abrir una investigación independiente, pues los indicios de las pesquisas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado ya dejan ver que el ex secretario Tillerson actuó con “desprecio deliberado”, a ello se suma que según Menéndez hay pruebas que la oficina de política doméstica de la Casa Blanca “buscó influir repetidamente” en el proceso TPS y garantizar un resultado predeterminado.

“Me preocupa que el Departamento de Estado, bajo el liderazgo del entonces Secretario de Estado Tillerson, haya actuado de manera que ponga en peligro la seguridad nacional de los EE. UU. Y ponga en riesgo la seguridad física de los beneficiarios actuales del programa de Estatus de Protección Temporal”, escribió Menéndez a Gene Dodaro, el contralor general.

Documentos desclasificados que muestran evidencias discrepancias

Los legisladores de la bancada demócrata en la Cámara Alta han basado su investigación en una serie de documentos solicitados al Departamento de Estado con los que han podido establecer las incongruencias del ex jefe de la diplomacia y el aporte técnico desde sus embajadas en los países.

Las primera es una carta fechada 31 de octubre de 2017, enviada por el ex secretario Tillerson a la entonces secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, que contenía sus recomendaciones sobre el TPS.

A esto se sumaron las recomendaciones del Departamento de Estado sobre el TPS para El Salvador, Haití y Honduras, documentos que acompañaron la carta del secretario de estado enviada el 31 de octubre del año pasado.

Los senadores han revisado los cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos en El Salvador, Honduras y Haití, en las que queda evidenciada las recomendaciones de las embajadas con respecto a la pertinencia de continuar el TPS para cada país beneficiario.

El cable enviado desde San Salvador es el número 860, de fecha 7 de julio de 2017, el de Haití con número 2744 fue remitido desde Puerto Príncipe, el 3 de agosto del año pasado y desde Tegucigalpa, la legación diplomática despachó el cable número 618, el 27 de junio de 2017.

La revisión de esa documentación deja en evidencia, según los demandantes, que los funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado y de Seguridad Nacional se plegaron más a una agenda política de la administración Trump, que a una solución técnica sobre la situación del TPS.