Estados Unidos va contra los bolsillos de la familia Ortega

Están sancionados tres miembros del clan Ortega Murillo; tres presidentes de poderes del Estado; cinco funcionarios de rango ministerial, o similar; cuatro cooperadores necesarios de distintos niveles, y cinco empresas propiedad de la familia.

El régimen tuvo que destituir a Sonia Castro como ministra de Salud luego que EE.UU. la acusara de violar derechos humanos. Foto EDH / i. olivares

Por Iván Olivares

Feb 15, 2020- 23:29

En diciembre de 2017, casi cuatro meses antes del estallido de la Rebelión de Abril, Estados Unidos sancionó al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aplicándole la Ley Global Magnitsky, con la que se sanciona a personas y entidades alrededor del mundo, que hayan atentado contra los Derechos Humanos, o cometido evidentes actos de corrupción.

Rivas fue solo el primero de una lista que ya incluye a otras catorce personas y cinco empresas de su entorno, todos subordinados a él, incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; a dos de sus hijos (Laureano y Rafael Ortega Murillo), así como a varios ministros y directores de Gobierno, y presidentes de poderes del Estado.

El Gobierno de Donald Trump ha demostrado la importancia que concede a la aplicación de estas sanciones, que altos funcionarios de su administración se han referido a ellas para explicar las razones por las que fueron dictadas en primer lugar.

Un ejemplo es lo que dijo el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, al asegurar que “vamos por los bolsillos de la familia Ortega, que continúa viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense”.

También dijo que la decisión de sancionar a Laureano Ortega fue porque “ha sido preparado como sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción bajo el disfraz de la agencia líder de inversiones de Nicaragua”.

El secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, declaró que de esa manera estaban demostrando “su compromiso de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al régimen de Ortega por los abusos de los derechos humanos y la corrupción desenfrenada”.

Hasta el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich, dijo cuando a inicios de noviembre se informó de las sanciones a un alto jefe policial, así como al presidente del CSE, y al del seguro social, que “Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso y la corrupción de los derechos humanos”.

El resumen de la aplicación de esa medida de presión, es que están sancionados tres miembros del clan Ortega Murillo; tres presidentes de poderes del Estado; cinco funcionarios de rango ministerial, o similar; cuatro cooperadores necesarios de distintos niveles, y cinco empresas propiedad de la familia.

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