A finales de enero, en Cuba se dio a conocer un anteproyecto de reformas al Código Penal. Entre los principales cambios que este contempla, está una provisión que permite castigar, con entre 4 y 10 años de cárcel, a quienes reciban financiamiento del extranjero y emprendan actividades “contra el Estado”.
Es decir, Cuba está aprobando dentro de su Código Penal medidas propias de una ley de agentes extranjeros, como las que existen en Nicaragua, Venezuela y Rusia. Similar a la que se planteó en El Salvador y que entró en una pausa.
El artículo 143 de este Código establece que “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
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Este pliego de reformas se presentará al Parlamento en abril. Ahí, es casi seguro que se aprobará sin contratiempos, considerando que al ser Cuba un régimen de partido único, la oposición es ilegal y, por tanto, el Legislativo simplemente tramita lo que le envía el Ejecutivo.
No es una práctica nueva
En Cuba, la penalización de la acción política o la disidencia ha sido la práctica institucionalizada por décadas.
Y la inclusión de un artículo que penaliza a los “agentes extranjeros” no es algo nuevo, sino más bien la institucionalización de una de las herramientas retóricas más utilizadas por el régimen castrista: el acusar a todo opositor, disidente o periodista independiente de agitador promovido por Washington.
De hecho, es común que a los detractores del régimen se les insulte diciéndoles “esbirros de la CIA” u otros calificativos que aluden a su condición de agentes foráneos con la misión de desestabilizar a la “Revolución”.
Asimismo, este artículo llega en momentos en que hay cientos de cubanos siendo procesados por haber participado en las manifestaciones del pasado 11 de julio, una jornada inédita de descontento en contra del régimen, ahora liderado por Miguel Díaz-Canel.
De hecho, a mediados de enero se conoció que la Fiscalía local está pidiendo penas de hasta 30 años de prisión para cientos de los detenidos. Por salir a manifestar su descontento ante el cierre de espacios políticos, el desabastecimiento y la falta de oportunidades, se les acusa de delitos como desorden público, desacato, incitación a delinquir, atentado y hasta sedición.
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Y lejos de abordar las causas que llevaron a miles de personas a las calles y a cubanos alrededor del mundo a sumarse en solidaridad, el gobierno ha optado por el camino usual: el de señalar a Estados Unidos como el artífice y el financista de estas manifestaciones.
Muchos países, una sola práctica
El caso de Cuba no es único. De hecho, a pocos kilómetros de La Habana, en Managua es la Ley de Agentes Extranjeros la que le ha permitido a la dictadura de Daniel Ortega encarcelar a opositores, disidentes y periodistas que le han incomodado en su acelerado camino al poder total.
De la misma manera han actuado los déspotas en Caracas y en Moscú, quienes escudan la violencia política y la intolerancia a cualquier crítica en un falso sentido de soberanía nacional y se auxilian de leyes análogas para penalizar el disenso.
En cuanto a El Salvador, la Ley de Agentes Extranjeros está en pausa, después de que la comunidad internacional advirtiera las consecuencias devastadoras de un proyecto de este tipo.
Sin embargo, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha adoptado otras de las prácticas de este manual, que parece iniciar con la descalificación a la crítica, el señalamiento de financiamiento del exterior, la denuncia de supuesta desestabilización, y puede terminar con sanciones económicas y hasta cierres de organizaciones críticas, o en prisión para aquellos que transgredan el concepto oficialista de orden público.
Eso se evidenció el pasado 15 de septiembre, cuando el presidente reaccionó a la masiva protesta que tuvo lugar en el aniversario del bicentenario de la Independencia. Si bien la protesta se debía a los abusos de poder, la Ley Bitcoin, el aval a la reelección y otros abusos propiciados por el mismo gobierno, Bukele optó por no asumir ninguno de los reclamos y se limitó a acusar a la comunidad internacional de financiar a los manifestantes.
En algún momento, incluso destacó que no se había usado gas pimienta, pero advirtió a los diplomáticos presentes en su discurso que si seguían financiando a quienes promovían las manifestaciones, iban a tener que usarlo.
Y si bien hay amplias diferencias entre el gobierno salvadoreño y los de Cuba, Nicaragua, Rusia o Venezuela, hay prácticas que empiezan a parecerse. Y utilizar el concepto de “agente extranjero” para disuadir o perseguir la crítica parece ser una de ellas.