A Cristiana Chamorro "la metieron a una celda, la obligaron a usar uniforme azul (de presos) y le pusieron esposas (de) plástico", denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que documenta el juicio que el régimen estalinista de Ortega sigue a la opositora sin las garantías mínimas del debido proceso, como pleno acceso a sus defensores.
Chamorro, quien comparece en el juicio desde el jueves, es una de los presos políticos del régimen estalinista de Daniel Ortega, capturada después de presentarse como fuerte contrincante contra el dictador en las pasadas elecciones.
Ortega fue deteniendo a cada uno de sus rivales para alejar el peligro de no ser reelegido.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el juicio contra Chamorro se desarrolla
a puertas cerradas en una cárcel de Managua en medio de una "exagerada presencia policial".
Chamorro, quien tiene arresto domiciliar desde el 2 de junio, fue conducida hasta la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía de Managua, conocida como El Chipote.
"Estas acciones son tratos crueles y degradantes" dijo el Cenidh en Twitter. Consideró que la actuación de las autoridades es "un ensañamiento" con la detenida y "una ilegalidad".
"No satisfechos con la ilegalidad de realizar un juicio en una cárcel, ahora también han militarizado todo el perímetro del complejo judicial El Chipote de forma intimidatoria", denuncio más temprano el Cenidh.
Según el organismo, en la zona hubo "una exagerada presencia policial".
Junto a Chamorro también son procesados su hermano Pedro Joaquín y dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH): Walter Gómez y Marcos Fletes. Además el chófer de Cristiana Chamorro, Pedro Vázquez. Todos ellos están detenidos.
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Según el abogado de Pedro Joaquín, Maynor Curtis, el juicio podría durar varios días debido a que la Fiscalía tiene previsto presentar como pruebas "a 13 testigos civiles y 20 testigos que son policías".
"Cada testigo va a ser interrogado por la Fiscalía y posteriormente serán interrogados por cada una de las defensas", explicó a la AFP.
También hablarán cinco peritos sobre los datos sustraídos por la policía de los equipos, celulares de los acusados y de la fundación, agregó.
El defensor dijo que Cristiana Chamorro ha permanecido "aislada" en su vivienda. "Solamente los hijos la pueden visitar", ni los abogados han podido "tener contacto con ella" antes del juicio, apuntó.
Chamorro es acusada por la fiscalía de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), una institución ya extinta que se dedicaba a la promoción de la libertad de expresión.
La opositora, de 68 años, también es procesada por gestión abusiva, falsedad ideológica, retención y apropiación. Según la Fiscalía, a través de la fundación recibía dinero para desestabilizar al gobierno.
La oposición y la comunidad internacional claman por su inocencia y consideran que su detención tuvo motivaciones políticas y buscó asegurar la continuidad de Ortega en el poder.
Chamorro, también periodista, es una de los 46 opositores detenidos el año pasado, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, en la antesala de las elecciones de noviembre, donde Ortega logró su cuarto mandato consecutivo con la mayoría de sus rivales en prisión.
Ortega, en el poder desde 2007, los acusa de menoscabar la soberanía nacional, bajo leyes dictaminadas por el Congreso que controla su partido, la exguerrilla de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La norma considera "traidores a la patria" a quienes atentan contra la integridad nacional o apoyan sanciones extranjeras. Ortega asegura que conspiraban para derrocarlo, con el apoyo de Washington.
Chamorro era favorita en los sondeos para enfrentar a Ortega.
Al menos 33 opositores han sido declarados culpables hasta la fecha, de los cuales 25 recibieron condenas que van de ocho a 13 años de prisión.
Los últimos condenados este jueves fueron los tres exprecandidatos presidenciales Juan Chamorro (primo de Cristiana, 13 años), Félix Maradiaga (13 años) y el exembajador Arturo Cruz (nueve años), según el Cenidh.
También recibieron condenas de 13 años el exvicecanciller José Pallais y el expresidente del gremio empresarial José Aguerri. Mientras que las dirigentes sociales Violeta Granera y Tamara Dávila obtuvieron ocho años de prisión.