El periodista y exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue detenido acusado de menoscabar la soberanía de Nicaragua, como parte de una campaña de arrestos de opositores a menos de cinco meses de las elecciones generales, informó este sábado la policía orteguista.
Las autoridades detuvieron a Chamorro la noche del viernes por “incitar a la injerencia extranjera”, “pedir intervenciones” y “aplaudir” sanciones contra Nicaragua, en base a una ley que el régimen de Daniel Ortega aplica a opositores, según un comunicado de la Policía Nacional.
Con el exdiputado, hermano de la aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, también bajo arresto domiciliar, el número de detenidos desde el 2 de junio se eleva a 20, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y exguerrilleros a quienes el régimen califica de “criminales”.
El otro hermano Chamorro, el periodista Carlos Fernando, director de la revista Confidencial, anunció el 21 de junio que se vio obligado a salir del país debido a la persecución política de que es objeto por parte del gobierno.
La expresidenta Chamorro (1990-1997) se encuentra postrada en su casa por su delicada salud desde hace dos años.
El político es miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre, y según su presidenta, Kitty Monterrey, irá a la contienda con el candidato que quede disponible.
La Alianza CXL tenía en sus listas de aspirantes a ocupar la candidatura a los detenidos Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, mientras que Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro habían expresado su intención de ser parte del proceso de selección para ese cargo.
A menos de cinco meses de las votaciones del 7 de noviembre, la oposición aún no tiene un candidato. La inscripción de candidaturas se hará entre el 28 de julio y el 2 de agosto, según el calendario electoral.
Los opositores presos no son “candidatos” ni “políticos”, sino “criminales” que atentaron “contra la seguridad del país” y trataron de organizar un “golpe de Estado”, dijo el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, ante la presión internacional para liberar a los detenidos.
Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones.
La oposición da por descontado que intentará un cuarto mandato consecutivo y que con la prisión de potenciales rivales está despejando el camino para su propósito.
Califican detenciones de “secuestro”
Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al régimen sandinista y galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, anunció esta semana que se tuvo que exiliar por segunda vez en los últimos tres años, junto con su esposa, “para resguardar” su “libertad”.
El periodista calificó el arresto de su hermano mayor, realizado cerca de la medianoche, como un “secuestro”, y denunció que el Ejecutivo pretende “fabricar presuntos crímenes y delitos penales contra los ciudadanos que demandan elecciones libres”, citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en diciembre pasado.
Esa polémica ley, promovida por el orteguismo, cataloga los “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.
Otros organismos humanitarios, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), además de condenar la detención del hijo mayor de la familia Chamorro, denunció lo que consideró “secuestros y desapariciones mientras no se diga el lugar donde se encuentran”.
Asimismo, las tildó de “terror nocturno” debido a que la mayoría de las aprehensiones han ocurrido cerca de la medianoche.