Costa Rica expresó este domingo su preocupación por los hechos registrados en El Salvador tras la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
"Costa Rica, fiel a su tradición de respeto de las instituciones democráticas, sigue con mucha atención los acontecimientos en El Salvador, y expresa su preocupación por los hechos registrados en las últimas horas", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El ministerio costarricense destacó en unas declaraciones distribuidas a los medios que para Costa Rica "la división de poderes constituye un principio fundamental para el funcionamiento efectivo de la democracia".
"Costa Rica exhorta a que se garantice el respeto de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho de El Salvador, mediante el diálogo amplio y transparente entre todos los actores", cita el texto.
Este sábado, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.
La Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó este domingo la destitución de las autoridades en El Salvador y además las acciones del Ejecutivo liderado Bukele "que guiaron estas decisiones".
El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó este domingo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, Raúl Melara.
En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que Melara está “luchando contra la corrupción y la impunidad”.
Añadió que Melara “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Al pronunciamiento de la OEA se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado salvadoreño respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró “inconstitucional la resolución de la Asamblea” y que garantice “la separación de poderes y el orden democrático”