Este lunes se instaló en la Corte Suprema de los Estados Unidos la primera audiencia oral del caso Sánchez versus Mayorkas. Este caso se enfoca en los límites que las personas amparadas a estatus humanitarios, como el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), pueden optar para la residencia permanente.
El demandante en este proceso, el salvadoreño José Santos Sánchez busca una medida conocida como “ajuste de estatus”, que le haría pasar de beneficiario del TPS, algo temporal, a empezar trámites de residencia permanente (en inglés, popularmente conocido como “green card”).
José Sánchez llegó a Estados Unidos en 1990, desde 2001 se amparó al TPS y en 2006 inició un trámite para una visa de trabajo, sin embargo el gobierno norteamericano declinó esa solicitud. Video Ricardo Avelar.
Si este caso tiene éxito en la Corte Suprema de Justicia, esto podría sentar un precedente para muchos salvadoreños y ciudadanos de otros países amparados en el TPS. Esto podría no aplicar para todos, porque no todos los tepesianos cumplen los requisitos de tener un cónyuge que pida que su estatus se regularice o un empleador que patrocine su solicitud de visa permanente. Pero sí puede beneficiar a miles.
Actualmente, los beneficiarios de este estatus temporal esperan que se materialice en el Congreso una solicitud de la administración Biden de abrir un camino a la residencia temporal y eventualmente a la ciudadanía. Sin embargo, esto puede tomar meses, incluso años por la carga política de uno de los temas más sensibles en Estados Unidos.
Por ello, la vía judicial puede ser un camino abreviado que abra la puerta para este cambio de estatus. Y eso es lo que espera Sánchez, así como la comunidad jurídica y de activistas en pro de los derechos de los inmigrantes.
A favor de Sánchez están los principios de aplicación de justicia humanitaria, unidad familiar y eficiencia, según Maryellen Fullerton, una profesora de leyes de la Escuela de Derecho de Brooklyn. Ella es experta en legislación en materia de asilos y refugiados.
Continúa leyendo: Tepesianos impulsan plataformas para conseguir residencia permanente
Complejo dilema jurídico
Este caso puede ser muy complejo en el seno de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues supone el choque de dos bienes jurídicos.
A juicio de Fullerton, el centro del argumento legal girará en torno a dos ideas: el proteger el estilo de vida de personas con suficiente arraigo en Estados Unidos versus la aplicación al pie de la letra de la legislación migratoria.
Para el primer principio, explica que juega a favor del salvadoreño que el TPS le da al Ejecutivo algunos poderes discrecionales. Según Fullerton, la idea de este tipo de medidas “autoriza la discrecionalidad ejecutiva de aliviar dificultades en el proceso migratorio”. Por ello, considera que es una contradicción que el gobierno se permita a sí mismo aplicar los TPS con principios flexibles y luego apele a la literalidad.
Sin embargo, en contra de Sánchez juega la ley estadounidense que estipula, por un lado, que la entrada a Estados Unidos o la permanencia fuera de la ley en ese país traen consigo una veda de reingreso y dificultan los procesos de ajuste de estatus.
31 años en el país
José Sánchez ingresó a Estados Unidos en 1990 y desde 2001 está amparado, junto a su esposa, bajo el TPS. En 2006, su empleador trató de solicitar una visa para regularizar su presencia en EE. UU., lo cual fue aprobado por oficiales migratorios pero el Gobierno negó el siguiente paso: el ajuste de estatus a uno permanente.
Esto, pues consideran que su ingreso y permanencia irregular al país en un principio lo descalifica de poder optar a una situación permanente. Sin embargo, argumentan que esa aplicación literalista de la ley choca con los poderes discrecionales ejecutivos al momento de establecer el TPS y cómo el TPS requiere que sus beneficiarios cumplan ciertos requisitos, lo cual le da cierto nivel de regularidad a su estadía en EE. UU.
Si este llegase a ser el punto predominante, esta regularidad a la que alude el Congreso podría sustituir “de facto” la falta de ingreso por las vías legales de Sánchez y su esposa en 1990.
El gobierno, sin embargo, sigue considerando que no son sinónimos y eso es lo que se pondrá a prueba en el juicio en la Corte Suprema. De ser así, el destino de Sánchez y de los tepesianos sigue dependiendo de que políticamente sea rentable para los presidentes estadounidenses seguir renovando el TPS.
Y, como se vio en la presidencia de Donald Trump (de enero 2017 a enero 2021), no todos los políticos de ese país ven la renovación del TPS como un objetivo deseable.