Bajo la premisa de luchar contra el avance de la pandemia distintos Gobiernos han implementado medidas que amplían drásticamente sus facultades y la posibilidad que las retrotraigan es una incógnita.
La expansión de las capacidades ejecutivas en nombre de la salud pública ha sido notoria, conforme avanza el virus. En los último días ha surgido el debate sobre las políticas públicas y algunas voces que advierten sobre el peligro de que algunos gobiernos se valgan de la crisis para tomar potestades que poco tienen que ver con mitigar su avance, sin dar garantías de que no las usarán de manera autoritaria.
“Podríamos ver una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas que sigan, o que sean consecuencia de la epidemia de salud”, dijo al New York Times la reportera especial contra el terrorismo y por los derechos humanos de la ONU, Fionnuala Ni Aolain.
Ejemplos de cómo las medidas para combatir la pandemia podrían estar violando la privacidad individual son los casos de Singapur y Corea del Sur, países que han implementado sofiscticadas tecnologías para seguir el rastro de ciudadanos que contrajeron el coronavirus. Así pueden identificar los lugares en los que estuvieron y las personas con las que estuvieron en contacto para mitigar la posibilidad de que estos se conviertan a su vez en focos de infección.
En otras circunstancias las medidas hubiesen sido objeto de críticas y cuestionamientos, pero ahora se elogian como maneras efectivas de luchar contra la enfermedad.
Otro caso es el de Hungría porque a través de su amplia mayoría en el Senado, el partido del primer ministro Víktor Orban declaró el estado de emergencia y le otorgó la potestad de gobernar por decreto por tiempo indeterminado. La ley permite al jefe de Estado extender el período de emergencia sin necesidad de aprobación parlamentaria.
Bajo este régimen, el gobierno puede “suspender la aplicación de ciertas leyes por decreto, desviarse de las disposiciones legales e introducir otras medidas extraordinarias”, con el objetivo de garantizar “la salud, la seguridad personal y material de los ciudadanos, así como la economía”.
Una de estas medidas contempla hasta cinco años de prisión por la difusión de “falsas noticias”, sobre el virus o las medidas del gobierno y por si fuera poco, el criterio para saber qué constituye una “falsa noticia” queda a disposición del ejecutivo.
Los parlamentarios de la oposición que se negaron a aprobar el proyecto de ley bajo un procedimiento de emergencia han sido acusados de traición.
Tanto en Hungría como en el extranjero el texto que le concede esos amplis poderes es visto por sus opositores como un instrumento para consolidar el control del gobierno tomando la pandemia como pretexto.