“Las medidas de emergencia (en prevención del COVID-19) no deben servir para vulnerar derechos humanos”. La consideración de Michelle Bachelet ante la pandemia

Además, la alta comisionada de las Naciones Unidas , sostiene que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.

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Michelle Bachelet. Foto Archivo / AFP

Por Agencias - Enrique Carranza

2020-08-12 10:45:30

Los gobiernos no deben no deben violar los derechos humanos al implantar medidas de excepción o de emergencia para combatir la expansión del COVID-19, es el contundente llamado hecho por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en el “manual de orientaciones” para el manejo de la pandemia.

Hasta hoy el COVID-19 ha provocado al menos 743.199 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, de acuerdo al conteo de la agencia AFP.

Desde el comienzo de la epidemia más de 20.382.260 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 12.347.300 se recuperaron, según las autoridades.

“Las facultades de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”, advirtió la alta comisionada. “Esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, aunque tampoco nada menos”.

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En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la facultad de limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública y también disponen de ciertos poderes adicionales en caso de que se declare públicamente un estado de emergencia que amenace la vida de la nación. En ambos casos, es preciso que las restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo.

Determinados derechos no derogables, entre ellos el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, siguen vigentes en todas las circunstancias.

“Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz. En algunos casos, la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles”, declaró la alta comisionada.

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En el documento orientativo se insiste en que, al igual que ocurre en épocas normales, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.

“Es importante contrarrestar la desinformación, pero cuando se impide el libre intercambio de ideas e informaciones, no solo se violan derechos, sino que también se socava la confianza pública. Los infundios acerca del COVID-19 son un enorme peligro para las personas. Pero también lo son las malas decisiones gubernamentales”, señaló la alta comisionada.

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El documento orientativo explica que no basta con que las medidas sean necesarias para la consecución de un objetivo legítimo de salud pública, sino que además han de conformar la estrategia “menos intrusiva posible” para lograrlo.

La alta comisionada añadió que las medidas excepcionales o las normas del estado de emergencia deben someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública.

“Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”, terminó diciendo la Alta Comisionada.

El llamado de Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhorta a los gobiernos a que no violen los derechos humanos con el pretexto de implantar medidas de excepción o de emergencia.