“No me llevaron comida y fui drogada en prisión”, denuncia líder manifestante de Nicaragua

El Chipote es una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios de ser centro de torturas, según la denuncia.

Foto Referencia /AFP

Por Agencia EFE

Ene 27, 2019- 12:17

La líder de los comerciantes en las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, Irlanda Jerez, denunció ante un grupo de eurodiputados que la visitó en prisión de que fue drogada por la policía, según un vídeo divulgado este domingo.

“Fui drogada en El Chipote”, afirmó Jerez, dirigente de un grupo de comerciantes del mercado más grande de Nicaragua a los que llamó a la “desobediencia civil” en protesta contra la “opresión” que a su juicio ejercía el presidente Ortega contra los manifestantes desde el estallido social en abril de 2018.

La comerciante relató que fue “secuestrada” el 18 de julio pasado por los policías, algunos encapuchados, y paramilitares, cerca de la Rotonda Cristo Rey, y fue trasladada a la cárcel El Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua.

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“Estuve en El Chipote 48 horas siendo investigada. Me criminalizaron terriblemente. No me llevaron comida. Me dieron agua drogada y fui trasladada” a la cárcel de mujeres La Esperanza, el 20 de julio, contó a los eurodiputados, que divulgaron el vídeo con el testimonio.

El Chipote es una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios de ser centro de torturas, según la denuncia.

Agregó que la Justicia nicaragüense la acusa de robo, extorsión y falsificar documentos, y su único delito, según dijo, ha sido levantar su voz y la bandera en contra del Gobierno de Ortega.

“He luchado siempre en pro de los derechos humanos de la vida, principalmente de las mujeres”, subrayó la comerciante, quien se encuentra en una celda junto a otras 10 mujeres que levantaban sus puños mientras Jérez daba su testimonio a los eurodiputados.

Jérez acusó directamente al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de su condena.
Contó que su padre, Ronaldo Jérez, quien trabajó para la Cruz Roja Internacional, fue un “prisionero político” de 1980 a 1983 y que también “fue encarcelado por levantar su voz en contra de este mismo dictador que hoy me encarceló a mí”, en alusión a Ortega que coordinó la Junta de Gobierno de 1979 a 1985.

Sostuvo que pese a estar en prisión, ella y sus compañeras siempre levantarán su voz y no van a echar “un pie atrás por absolutamente nada y no vamos a negociar la sangre de las personas que han sido asesinadas” en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.

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“Daniel Ortega y Rosario Murillo, la única salida que tienen es la cárcel. Han asesinado a un pueblo durante 40 años. Han esclavizado a un pueblo durante 40 años”, lanzó la líder de los comerciantes, que denunció que han sido reprimidas, que reciben poca atención médica y en algunos casos sus carceleros se quedan con los alimentos que le llevan sus familiares.

Al terminar su relato, la líder opositora gritó “Viva Nicaragua libre”, que fue seguido por “vivas” y un desborde de aplausos de sus compañeras de celdas.

Uno de los eurodiputados bromeó y le dijo: “usted está encarcelada por ser una líder”, por el “delito de liderazgo, que no está en el Código Penal”.

Antes de partir los eurodiputados, el grupo de mujeres entonó el himno de Nicaragua

Los eurodiputados se declararon conmovidos por el “coraje y la dignidad de los presos políticos”. “Es admirable cómo cantaron el himno nacional al terminar la reunión con nosotros. Nos dieron una demostración de moral y ética”, dijo el eurodiputado español Javier Nart.

Un grupo de eurodiputados evaluó la situación política y social de Nicaragua en una visita de cuatro días, que culminó este sábado.

La delegación estuvo formada por once eurodiputados, de seis grupos políticos del Parlamento Europeo (PE), encabezados por Ramón Jáuregui (PSOE).

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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