El gobierno del presidente Donald Trump obligará a los solicitantes de asilo en San Diego a esperar en México a partir del viernes mientras sus casos son procesados en los tribunales de Estados Unidos, informó el jueves un funcionario. Esa es la política que espera lanzar el gobierno de Trump.
Si sobrevive a una impugnación legal prevista, sería uno de los cambios más significativos al sistema migratorio de Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump.
Se tiene previsto que los cambios se implementen primero en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, el más transitado del país, indicó el funcionario, el cual tiene conocimiento del plan pero habló a condición de guardar el anonimato debido a que todavía no es definitivo.
El plan les pide a las autoridades estadounidenses llevar a los solicitantes de asilo en autobuses de ida y vuelta a la frontera para las audiencias judiciales en el centro de San Diego.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., Kirstjen Nielsen, explicó que han informado a México de esta medida y que este se ha "comprometido" a dar respuesta a quienes sean reenviados a su país.
Las autoridades de Estados Unidos anticiparon que a la larga el cruce de San Diego procesará más solicitudes de asilo de lo que hace hoy en día.
El gobierno de Trump no hará ningún arreglo para que los solicitantes consulten a los abogados, quienes podrían visitar a sus clientes en Tijuana o hablar con ellos vía telefónica.
Las autoridades estadounidenses comenzarán a procesar solo unas 20 solicitudes de asilo por día en el cruce fronterizo de San Diego, pero planean aumentar el número hasta superar la cantidad que procesan actualmente, que es de hasta 100 por día, agregó el funcionario.
La política para hacerlos esperar en México es la medida más reciente de Trump para reformar la política migratoria, aunque podría ser temporal. Otros cambios significativos han sido bloqueados por las cortes, incluida una que prohibía brindar asilo a las personas que cruzaran la frontera de forma ilegal desde México y descartar la violencia doméstica y de pandillas como argumento válido para otorgar asilo.
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Desde el pasado 22 de diciembre, el Gobierno federal de EE.UU. mantiene cerrado el 25 % de la Administración debido a la exigencia de Trump de incluir dichos fondos en los presupuestos federales.