Un juez federal bloqueó hoy el plan del Gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, una victoria para la comunidad latina, que la veía como un ataque contra los inmigrantes.
“Nuestra oficina ha logrado una gran victoria contra la Administración de Trump, la pregunta sobre la ciudadanía habría sembrado innecesariamente el temor en nuestras comunidades y habría evitado que se contara a la población de manera precisa”, aseguró la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
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La elaboración del censo en Estados Unidos, donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes.
La inclusión de esta pregunta había desatado el miedo de las personas en esta situación, ante la posibilidad de que la información pudiera ser enviada a las autoridades de inmigración.
El magistrado Jesse M. Furman sostuvo en su sentencia, de 277 paginas, que el plan de incluir una pregunta sobre la ciudadanía para elaborar el censo, que fue impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos.
El juez dio la razón a los críticos de la iniciativa asegurando que “cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye”.
En total 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la Conferencia Estadounidense de Alcaldes y varias ONG se unieron para presentar una demanda conjunta contra la Administración.
Wilbur Ross había justificado la medida subrayando que era necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas son confidenciales.
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El pasado 9 de noviembre, el presidente de EE.UU. ordenó prohibir al menos durante 90 días las opciones para solicitar asilo en la frontera sur a quienes accediesen al país de forma irregular.
En este sentido, Furman consideró que las justificaciones del Gobierno eran un “pretexto” e insistió en que la decisión de Ross violó los límites de su autoridad y la Ley de Procedimientos Administrativos.
Varios representantes del opositor partido Demócrata se han congratulado por la decisión del tribunal.
El Comité Nacional Demócrata celebró la sentencia y aseguró que “Trump tiene que dejar de usar el censo como una herramienta política para quitarle el poder a la comunidad latina y las demás comunidades de color”.
“Esta decisión es una victoria para nuestra democracia y nuestros valores de igualdad y oportunidad para todos. No nos dejaremos engañar por los intentos de este Gobierno de intimidar y no contar con las comunidades inmigrantes”, dijo en un comunicado el presidente de este comité, Tom Pérez.
Sin embargo, el Departamento de Justicia se mostró “decepcionado” por el dictamen judicial y respaldó la iniciativa de Ross que respondía a una petición de este departamento.
Según la portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, Kelly Laco, la inclusión de esta pregunta pretendía “mejores datos sobre la ciudadanía y proteger a los votantes contra la discriminación racial”.
“Nuestro Gobierno está legalmente autorizado a incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo y el pueblo de Estados Unidos tiene la obligación legal de contestar”, subrayó Laco en una nota oficial.
Unos argumentos muy debatidos por quienes se oponen a la iniciativa, como el senador demócrata por Oregón Jeff Merkley, para quien esta cuestión “reunía tanto la agenda antiinmigración de Trump como sus intentos de minar la democracia representativa y no tiene cabida en el censo de 2020”.
Más allá fueron las ONG en defensa de los inmigrantes como “Make the Road”, uno de los grupos demandantes, que celebró la victoria contra “el intento racista de Trump de añadir la pregunta de la ciudadanía para el censo de 2020”.
“Una vez más, los tribunales federales han determinado correctamente que la Administración de Trump actúa fuera de los límites de la ley cada vez que toma medidas contra la inmigración”, declaró, por su parte, la ONG Dream Action, que defiende los derechos de los inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran menores.
Para la asociación American Civil Liberties Union (ACLU), la sentencia de hoy supone “un enérgico batacazo a los intentos de la Administración de Trump de convertir el censo en un arma para atacar a las comunidades de inmigrantes”.
La ACLU considera que “la intención clara del Gobierno era despojar de recursos federales y de representación política a quienes más lo necesitan”.