Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación allanados en las últimas horas por la Policía de Nicaragua, denunció hoy la “confiscación” del edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche.
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), dijo a periodistas que agentes policiales irrumpieron a la fuerza sus oficinas la madrugada de este sábado, 24 horas después de haber sido allanada, y expulsaron a los vigilantes.
Antimotines sandinistas agreden a periodistas que acompañaban a Carlos Chamorro
La Policía de Nicaragua agredió la mañana de este sábado al periodista Carlos Fernando Chamorro, a las afueras de la sede de Plaza El Sol, en Managua, cuando junto a sus colegas de los programas Esta Noche, Esta Semana y el semanario Confidencial llegaron a solicitar información sobre el allanamiento y posterior toma de control de las instalaciones de esos medios de comunicación.
El periódico digital de Nicaragua, 100noticias.com.ni señala que la Policía sandinista de Daniel Ortega volvió a arremeter en contra de los periodistas de medios de comunicación independientes quienes acompañaban a Carlos F. Chamorro a las oficinas de la Policía en Plaza El Sol, para denunciar la toma arbitraria de las instalaciones de Confidencial y el robo de los equipos de trabajo.
Agentes policiales agredieron a varios comunicadores que acompañaban a Chamorro, los empujaron y golpearon, detalla la noticia.
Policía Orteguista de plaza El Sol agrede @cefeche y periodistas de @confidencial_ni, Esta Semana, @Revista_Niu y los que daban cobertura al reclamo de la toma de propiedad de las oficinas de @confidencial_ni. @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/7IwYusZPwN
— Oscar Navarrete (@navax1969) December 15, 2018
Sobre los allanamientos: “Eso es una ocupación de facto, una ocupación ilegal, una toma militar”, denunció Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot.
Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista.
Chamorro exigió a las autoridades que desocupen el edificio, que les devuelvan los libros contables, y los libros de actas de las sociedades anónimas que funcionan en ese local.
El lunes próximo sus abogados presentarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, porque, según dijo, “esto no es un allanamiento, esto es un asalto armado a la propiedad y a la empresa privada”.
Según Chamorro, los oficiales han acudido en los últimos dos días a la sede de ese grupo de medios como que si se tratara de la sede del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), del que fue director y al que la Asamblea Nacional quitó la personalidad jurídica, y cuyas oficinas quedan en otro lugar.
Policía de Nicaragua allana con violencia instalaciones de medios de comunicación
Oficiales armados vaciaron por completo las oficinas de Confidencial, incluyendo equipos de los periodistas
Chamorro tildó esa “ocupación de facto” como “un ataque contra medios de comunicación independientes, contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y también contra la libre empresa”.
La Policía Nacional aún no se ha referido a ese allanamiento y ocupación del edificio.
Los registros ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.