El gobierno del presidente Jimmy Morales negó la visa a trabajadores y abogados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que lo investigan a él, a su familia y al partido oficial por corrupción.
En un boletín de prensa emitido el martes la Comisión informó la decisión gubernamental y advirtió que estudiará las acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del acuerdo marco de creación de la Comisión.
“La Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) recibió el día 15 de octubre dos notas de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, con fecha 11 de octubre, en las cuales se informa que se revocan las visas de cortesía otorgadas y actualmente vigentes a tres funcionares de la comisión y se deroga la emisión de visas a ocho funcionarios y a dos de sus familiares”, explicó la CICIG.
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#EUUrgente | CICIG mediante un comunicado confirma que el Minex les notificó que fueron revocadas las visas de cortesía a tres funcionarios de la Comisión y se deroga la emisión de visas a ocho funcionarios y otras dos personas. Vía: @jmontenegro_eu pic.twitter.com/PxBUehDv4I
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 16 de octubre de 2018
Se trata de las visas correspondientes al abogado colombiano César Rincón, que representa a la Comisión en un caso en el que el hermano y el hijo del presidente Morales son investigados por haber falsificado documentos y emitido facturas de forma irregular para obtener fondos del Estado.
La visa de cortesía también le fue negada al abogado colombiano Luis Fernando Orozco, investigador del mayor caso de corrupción contra el expresidente Otto Pérez Molina y que lo obligó a renunciar al cargo en 2015. Pérez Molina se encuentra en prisión a la espera de un juicio.
Orozco también investiga al presidente Morales por supuesto financiamiento ilegal durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.
El gobierno aún no se pronunciado sobre la negativa a conceder los visados.
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El presidente, quien no entró en detalles y no aceptó preguntas de las decenas de medios, denunció que el ente auspiciado por la ONU y creado en 2007 indujo a personas a participar "en actos de corrupción e impunidad".
La medida también alcanzó a Yilen Osorio, a cargo de un caso sobre un grupo de políticos y empresarios que habrían negociado devoluciones de crédito fiscal a cambio de sobornos y en el que está implicado el actual vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.
Otro de los afectados es el investigador italiano Vicenzo Caruso, que el mes pasado expuso ante el Congreso, que analiza el retiro de la inmunidad de Morales.
La CICIG, que había solicitado casi dos meses atrás la renovación de por lo menos 42 visas de sus empleados recibió un par de semanas atrás las visas de sus integrantes que no tienen relación con casos de gran impacto.
La CICIG es un organismo de las Naciones Unidas que trabaja en conjunto con la Fiscalía de Guatemala, liderando la lucha contra la corrupción.
Morales mantiene una disputa con la Comisión desde agosto de 2017 cuando la CICIG y la entonces fiscal general Thelma Aldana presentaron una solicitud de retiro de inmunidad de Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito.
Morales declaró persona no grata al titular de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad revocó la decisión.
El mandatario no cedió en sus ataques e inició cabildeos en Estados Unidos contra el financiamiento de la Comisión hasta que este año anunció que no renovaría el mandato de la CICIG y prohibió el ingreso de Velásquez al país, lo que le generó una crisis de gobierno.
Según una encuesta de la empresa Cid Gallup realizada en septiembre siete de cada diez guatemaltecos están de acuerdo en que la Comisión continúe en el país.