El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, sacó hoy su músculo militar para anunciar la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 mientras avanza la solicitud de desafuero en su contra por un posible delito de financiación electoral ilícita.
Custodiado por algunos de los más altos mandos del Ejército y la Policía y después de que varios vehículos militares se pasearan por la sede de la CICIG como un acto de intimidación, Morales advirtió que no renovará el mandato de la Comisión, a quien acusó de violar las leyes locales e internacionales.
“Después de 11 años llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes”, proclamó, y reiteró su compromiso de apoyar a las instituciones locales de seguridad y justicia.
Morales envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, comunicándole esta decisión, pero en ella no hizo referencia a los argumentos que esgrimió ante los medios y en los que aseguró que la CICIG había sembrado el terror judicial y había realizado investigaciones sesgadas y partidarias.
Presidente Jimmy Morales oficializa expulsión de la CICIG del país
Vehículos militares rodean la sede de la CICIG
El presidente, quien no entró en detalles y no aceptó preguntas de las decenas de medios, denunció que el ente auspiciado por la ONU y creado en 2007 indujo a personas a participar “en actos de corrupción e impunidad”.
Al hacer públicos esos señalamientos y quejas, el mandatario, que llegó al poder bajo el lema de “ni corrupto ni ladrón”, dijo que se llevó a cabo una “persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala”.
“La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso”, insistió el jefe de Estado, que llegó al poder con un partido fundado por militares.
El Ministerio Público y la CICIG emprendieron una cruzada desde 2015 contra la corrupción y sus investigaciones han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes enfrentan un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
Esta situación elevó las tensiones entre ambas partes y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.
Morales ya había intentado expulsar del país sin éxito al abogado colombiano y jefe de la CICIG, Iván Velásquez, a quien acusó de extralimitarse en sus funciones poco después de que pidiera desaforarlo por primera vez por la comisión de ese mismo delito.
La nueva solicitud ha avanzado este viernes en el Congreso, donde la comisión pesquisidora que analiza si hay indicios para recomendar al pleno retirarle la inmunidad -aunque la decisión debe recibir el aval de 105 de los 158 congresistas- celebró su primera reunión de trabajo.
Mientras todo esto pasaba, diferentes sectores manifestaron su oposición a la decisión del Gobierno, como la fiscal María Consuelo Porras, quien pidió a ambas partes llegar a consensos, o el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien aseguró que Morales perdió el norte con esta determinación.
Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el uso militar que empleó el Gobierno este viernes. El magistrado de conciencia dijo que es una presencia “innecesaria, descomunal e intimidatoria” de vehículos militares con armas de alto calibre del Ejército en las inmediaciones de la CICIG.
Y Estados Unidos ya anunció que vigila el uso de estos vehículos que fueron donados para combatir el crimen y que este viernes fueron vistos en las inmediaciones de la Comisión y también de la sede diplomática, además de en otros puntos de la capital.
La decisión de no renovar la CICIG, criticada duramente por la oposición pero apoyada por el sector empresarial, ha abierto una nueva crisis política, pues algunas entidades, nacionales e internacionales, ven en ella un paso atrás en la lucha contra la corrupción.
Convocan a marcha para apoyar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad
El movimiento social “Justicia Ya”, que surgió en 2015 a raíz de la ola anticorrupción, convocó hoy a la ciudadanía a una marcha para este sábado y así mostrar el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Es momento de unidad, expulsar a la CICIG nos roba a todos los y las guatemaltecas la posibilidad de un futuro justo”, dijo el ente en sus redes sociales con el lema “Fuera Jimmy”, después de que el presidente, Jimmy Morales, anunciara que la Comisión no seguirá más allá de septiembre de 2019.
El movimiento social “Justicia Ya” surgió en 2015 después de que la CICIG y la Fiscalía destaparan una red de corrupción denominada “La Línea”, dedicada a la defraudación aduanera y que supuestamente estaba liderada por la expareja presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
El expresidente está en prisión preventiva (septiembre 2015) al igual que la exvicepresidenta Baldetti (agosto 2015), quien también enfrentan acusaciones de corrupción en otras causas.