Una jueza federal rechazó el lunes la moción del gobierno de Donald Trump para desechar una demanda que alega que su decisión de poner fin a las protecciones especiales que impedían la deportación de inmigrantes haitianos, salvadoreños y hondureños fue motivada por racismo.
El fallo de la jueza de distrito Denise Casper significa que el caso que pretende evitar que el gobierno suspenda el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de inmigrantes de esos tres países puede seguir adelante. Rechazó también la solicitud del gobierno de retirar al presidente republicano como acusado.
“Esto representa un desenlace extremadamente favorable para los inmigrantes hondureños, haitianos y salvadoreños que se han sentido completamente sorprendidos por la negativa del gobierno federal de conservar este programa de protección humanitaria y que están firmemente convencidos de que el racismo y la discriminación fueron el origen de la decisión de poner fin al TPS”, dijo Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica, un organismo sin fines de lucro que interpuso la demanda en febrero.
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Casper rechazó una de las solicitudes de desagravio que hizo el grupo, pero permitió que las demás acusaciones sigan su curso, y afirmó que los inmigrantes habían presentado alegatos constitucionales verosímiles.
“Esta corte halla que la combinación de un impacto dispar sobre grupos raciales en particular, declaraciones de aversión por parte de personas de las que se alega convincentemente que estuvieron involucradas en el proceso de toma de decisiones, y un cambio presuntamente injustificado en las políticas, es suficiente para argumentar creíblemente que un propósito discriminatorio fue un factor motivante en una decisión”, escribió Casper.
El Departamento de Justicia no ha respondido por el momento un correo electrónico enviado para solicitar sus comentarios.
El mes pasado, un juez federal en San Francisco se negó a sobreseer una demanda similar que impugnaba la decisión del gobierno de poner fin a las protecciones para inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
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El estatus de protección temporal proporciona refugio a personas provenientes de países que experimentan conflictos armados, desastres naturales y otros problemas.
El programa ha sido prorrogado continuamente para los haitianos desde un terremoto que asoló el país caribeño en 2010.
Por su parte, los salvadoreños han gozado de la protección desde que el país fue devastado por terremotos en 2001. Para los hondureños, el TPS ha estado vigente desde 1999 después de que el huracán Mitch causó graves daños en la nación centroamericana el año previo.
El gobierno de Trump argumenta que la situación en esos países ha mejorado y que el programa no fue diseñado para que las protecciones fueran prorrogadas continuamente.