Las personas que están en el país ilegalmente y que son víctimas de delitos cuentan con un recurso que a menudo es su única opción de evitar ser deportadas y conseguir la ciudadanía: una visa especial que las alienta a resolver sus casos y a facilitar la captura de sus victimarios.
Pero el gobierno parece estar acelerando la detención y deportación de quienes solicitan la “visa U” en el marco del endurecimiento de las políticas contra la inmigración ilegal del gobierno de Donald Trump.
“Se presentan estos casos rutinariamente”, afirmó Cecilia Friedman Levin, consejera de ASIST, una organización que colabora con activistas y abogados que representan a inmigrantes sin papeles que han sido víctimas de actos violentos. “Para mí, eso socava el espíritu de la protección ofrecida”.
Quienes se acogen al programa pueden conseguir una visa primero, la “tarjeta verde” de residencia después y finalmente pedir la ciudadanía. Pero debido a la lentitud del trámite y a las nuevas políticas hacia la inmigración ilegal –algo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) niega, pero que ha sido fehacientemente demostrado por los activistas–, los inmigrantes están siendo deportados antes de poder completar el proceso para legalizar su status.
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Sus solicitudes permanecen activas incluso después de que son deportados, pero son separados de sus familias a veces por años mientras esperan que se concluya el trámite. Activistas afirman que algunos solicitantes vinieron a Estados Unidos huyéndole a la violencia o a amenazas recibidas en sus países y que corren serio peligro al regresar, por más que sea temporalmente.
Lo que es peor todavía, sostienen, es que estas medidas desalientan la denuncia de los delitos ya que las personas sin permiso de residencia se muestran renuentes a acudir a las autoridades. Esto implica que los victimarios siguen libres y pueden volver a delinquir.
Algunos inmigrantes a los que se les inician procesos de deportación cometieron faltas ellos mismos, a menudo infracciones menores, mientras vivían en Estados Unidos y fue eso lo que hizo que las autoridades les cayesen encima. Pero los lineamientos generales del programa son claros: El que hayan cometido algún delito, incluso grave, no los descalifica para recibir la visa U. Solo casos extremos como genocidio y persecución nazi inhabilita totalmente a un solicitante. Las personas con antecedentes policiales deben hacer trámites adicionales, pero esos antecedentes no las inhabilitan automáticamente para pedir la visa.
Bernardo Reyes Rodríguez, quien vivió en Ohio hasta hace poco, vino a Estados Unidos porque había recibido amenazas de muerte de presuntos traficantes de drogas que lo querían extorsionar, según dijo. Señaló que fue detenido y deportado después de cometer una infracción de tránsito menor. Actualmente se encuentra en México, alejado de su esposa, que está embarazada, y de su hijastro de ocho años, mientras espera que se complete la tramitación de su solicitud de una visa U, algo que puede tomar años, en un sitio donde no se siente seguro.
“Lo único que conozco es Cincinnati”, afirmó. “Hice mi vida allí. Tengo a mi familia allí”.
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Otra persona que solicitó una visa U y que sufrió heridas de bala en un asalto en Kansas fue deportada a Honduras. Declaró a la Associated Press que hace poco pandilleros irrumpieron en el autobús en que viajaba y le pegaron un tiro en la cabeza al conductor.
El exdirector interino del ICE Thomas Homan, retirado hace poco, declaró a fines de abril a la AP que no había habido cambio alguno en el protocolo de las visas U. El 21 de junio el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa tanto al ICE como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, escribió que “no ha habido cambios… en las políticas ni en los procedimientos relacionados con la detención de víctimas o de testigos de delitos”.
Homan no estaba seguro de si una persona que ha solicitado la visa U puede ser deportada.
“¿Se resuelve caso por caso, verdad?”, expresó. “Si una persona representa una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad pública, ¿verdad? ¿Han sido condenados por algo? ¿Qué tan sólida es la solicitud de la visa U? Me es imposible responder esa pregunta”.
El ICE no respondió a preguntas de la AP hechas en julio acerca de por qué una falta menor puede derivar en una deportación y del aumento de las deportaciones de personas que tramitan la visa U.
No hay cifras oficiales sobre la cantidad de gente que ha sido afectada, pero la AP entrevistó a varios abogados de todo el país que aseguran que esas cifras van en aumento.
La abogada de Cincinnati Deifilia Díaz dijo que tiene cinco clientes que fueron obligados a irse del país. Alicia Kinsman, abogada del Instituto para Refugiados e Inmigrantes de Connecticut, tiene un cliente que cuya deportación se está tramitando y un abogado de Wisconsin indicó que tiene otro. La abogada de Los Ángeles Alma Rosa Nieto señaló que, en su condición de analista legal de Telemundo, recibe preguntas que nunca le habían hecho sobre parientes que están siendo deportados a pesar de haber solicitado la visa U.
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Esto se debe a que cualquier persona que solicite la ciudadanía, un extensión o cambio de estatus migratorio podría ser deportado si la solicitud le es denegada, debido a un cambio en procesos de la USCIS.
Cada vez toma más tiempo la aprobación de la visa U, lo que implica que las autoridades tienen más tiempo para deportar a alguien que tramita esa visa.
Hay 10,000 visas U anuales para víctimas de delitos, más otras adicionales para familiares que satisfacen una serie de requisitos. El programa ha ganado popularidad desde que entró en vigor en el 2000 y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, según sus siglas en inglés) dijo hace poco que ha estado concediendo 18,000 visas anuales. Hacia fines del primer trimestre del año fiscal del 2018, había más de 200,000 solicitudes pendientes.
USCIS les dice a los solicitantes que no pidan la visa a menos que hayan venido antes de mediados del 2014, y las autoridades no parecen tomar en cuenta el que haya una solicitud pendiente al decidir si deportan a alguien o no, según activistas. Esto va en contra de prácticas del pasado y de un fallo judicial.
Un memo del 2011 del director de entonces del ICE John Morton recomendaba que en la mayoría de los casos que involucran a un inmigrante que ha sido víctima de un delito, no representa un riesgo y no tiene antecedentes policiales, “lo indicado sería tomar una decisión favorable, como su liberación, una suspensión de la deportación o una prórroga”.
Y una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia del 2012 indicó que la mayoría de los solicitantes de la visa U que tienen pendientes procesos de deportación pueden permanecer en el estado mientras de tramitan sus visas.
Pero ahora, siguiendo orientaciones del secretario de Justicia Jeff Sessions, el Departamento de Justicia está desalentando o haciendo a un lado directamente la discreción que tenían los jueces para decidir estos casos, de acuerdo con Sarah Pierce, analista del Instituto de Políticas Inmigratorias, un organización no partidista.
“Esto es parte de una tendencia más amplia en este gobierno”, manifestó, “de no respetar a los individuos habilitados para acogerse a beneficios inmigratorios que están siendo sometidos a procesos de deportación”.
Si a alguien que solicitó la visa U le llega la orden final de deportación, el ICE le da solo cinco días al USCIS para que responda diciendo que la solicitud de la visa U es sólida. De lo contrario se deporta a la persona, según actas de una teleconferencia entre el USCIS y la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración. Ese plazo fue el mínimo aprobado en el 2009, cuando había 20,000 solicitudes pendientes, no 200,000, como ahora.
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Gustavo Mendoza, el hondureño que fue baleado en una pierna por dos individuos que intentaron robarle, quedó bajo el radar de las autoridades al ser detenido cuando su pareja de entonces lo denunció por violencia doméstica. Posteriormente la mujer retiró la denuncia, pero él fue deportado y se encuentra en Honduras.
Reyes Rodríguez, de 25 años, vino a Estados Unidos de Michoacán cuando tenía 18 años. La zona donde vivía en México está plagada de corrupción, secuestros y amenazas violentas a toda persona que se cree puede tener dinero.
Su madre y su hermana recibieron esas amenazas, afirmó, y su familia insistió en que él se fuese a Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Vino ilegalmente en el 2010, conoció a Jennifer Reyes en el 2012 y se casaron en el 2015.
Su esposa, que vino aquí de niña con su familia, la cual se quedó una vez vencida su visa, fue víctima de abusos del padre de su primer hijo. Luego de cooperar con la policía, solicitó la visa U para ella y su esposo. El año pasado agentes del ICE fueron a buscar a Reyes Rodríguez a su casa después de que fuese condenado por manejo negligente el año previo. Él les dijo que tenía pendiente esa solicitud de visa, pero igualmente se lo llevaron preso.
Cuando un juez dijo que podía esperar la visa en México, se hizo evidente que sería deportado y él y su esposa partieron voluntariamente.
La pareja a veces habla en inglés en Michoacán, según Jennifer, lo que los hace vulnerables porque la gente piensa que tienen dinero. La madre de Reyes Rodríguez empezó a recibir mensajes de texto con amenazas a su hijo, diciendo que lo matarán si no paga una extorsión.
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En marzo de este año se dieron cuenta de que Jennifer estaba embarazada y decidieron regresar a Estados Unidos, porque pensaron que la policía de Michoacán no tomaba en serio sus denuncias de amenazas.
Jeniffer viajó primero a Texas. Reyes Rodríguez se le iba a sumar más tarde, ayudado por coyotes. Después de cinco días, Reyes Rodríguez la llamó y le dijo que había sido pillado tratando de cruzar la frontera y que estaría preso un tiempo antes de ser deportado. Fue enviado de vuelta a México a fines de junio.
Ahora Jeniffer está en el quinto mes de embarazo. Todos los días, relata, su hijo le pregunta por Reyes Rodríguez, a quien considera su padre.
“Sé que algún día tendremos que decirle lo que pasa”, expresó. “Pero no ahora”.