Salvadoreño que podría llegar a tener la ciudadanía estadounidense en riesgo de ser deportado

Esto se debe a que cualquier persona que solicite la ciudadanía, un extensión o cambio de estatus migratorio podría ser deportado si la solicitud le es denegada, debido a un cambio en procesos de la USCIS.

Una inmigrante espera en su celda en el Centro de Procesamiento de Inmigración y Aduanas (ICE), tras su arresto en la ciudad de Nueva York. Foto AFP/ John Moore

Por Nancy Hernández / Agencias

Jul 10, 2018- 15:09

Luis, quien omitió su apellido, es salvadoreño, llegó a Estados Unidos hace más de una década. Él está casado con una ciudadana estadounidense, ella quiere hacer la petición para que su esposo obtenga la residencia permanente, esta sería una petición familiar.

Sin embargo, la pareja está dudando en hacer la petición porque él podría ser deportado a El Salvador, esto porque el pasado 28 de junio se dio a conocer un nuevo cambio en las reglas procesales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) que establece la deportación para cualquier personas que solicite una tarjeta verde o la ciudadanía, un extensión o cambio de estatus migratorio si la solicitud le es denegada.

“Nosotros llevamos mucho tiempo siendo pareja, pero no nos casamos hasta este año por evitar cualquier cosa, pero no tenemos hijos, y ella es mayor que yo, y eso no le podría gustar al oficial de inmigración”, explicó Luis a EFE.

El temor que tiene Luis está argumentado por un oficial de la USCIS, quien considera que las pruebas son insuficientes, todo apunta a que su petición puede ser rechazada y él sería deportado a El Salvador.

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“Yo lo estoy pensando dos veces, y tal vez mejor no me arriesgo y me quedo sin hacer la petición”, señaló Luis.

Estas nuevas reglas se empezaron a aplicar la semana pasada y forman parte de la orden ejecutiva que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó en enero de 2017.

Esta medida hará que las personas que pueden recibir beneficios migratorios no los soliciten por temor a ser “arrojados a la máquina de deportaciones si se les niega” la solicitud, dijo Anastasia Tonello, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Explicó que esta medida afectará a los indocumentados, a pesar que haya sido la agencia quien haya cometido al momento de procesar la petición. Las personas que serán afectadas son los inmigrantes indocumentados que solicitan un cambio de estatus y especialmente si es una petición hecha por un familiar.

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Sin embargo, también los residentes permanentes podrían ser afectados si al rehacer su licitud de naturalización se demuestra que no tienen un buen “carácter moral” o por haber cometido algún delito.

Francis Cissna, director del USCIS, defendió los cambios de esta política a través de la publicación de un comunicado donde dijo que el objetivo es tener las “comunidades seguras y proteger la integridad del sistema de inmigración de aquellos que buscan explotarlo”.

Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, aseguró que con estas acciones el gobierno estadounidense está reescribiendo la Ley de Seguridad Nacional sin tener una acción del Congreso. Además, manifestó que el hecho que sea la USCIS quien tenga la autoridad de emitir notificaciones de deportaciones saturará el trabajo de la agencia y los cortes de inmigración.

“Esta política se basa en la creencia de la Administración de que cada inmigrante es de desagradable e indeseable”, dijo.

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Las medidas están enlistadas en el memorando "Aplicación de las leyes de inmigracón para servir al interés nacional"

Aseguró que con estos cambios el mayor riesgo que se corre es la deportación, a diferencia de antes cuando solo se perdía el tiempo y el dinero.

¿Quienes serán afectados?

Según publicación de El Diario, las personas que corren con el riesgo de deportación son:

Inmigrantes que pierden el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la protección de la Acción Diferida (DACA) podrían recibir orden de deportación.

Casos en los que se compruebe fraude o tergiversación de información

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Inmigrantes amparados con una visa de trabajo que pierdan su estadía legal

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