El Gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, advirtió hoy con sancionar a los extranjeros que se involucren de una u otra forma en la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que se ha cobrado la vida de al menos 200 personas.
En un comunicado, leído por la directora de la escuela nacional de migración, Lucrecia Hernández, esa institución instó a los ciudadanos de otras nacionalidades y que residen en Nicaragua a dar cumplimiento al artículo 27 de la Constitución Política y el Artículo 38 de la Ley General de Migración.
“Queremos hacer del conocimiento de la ciudadanía en general y de los residentes en nuestro país, así como visitantes, que nuestra legislación y máxima carta constitucional claramente expresa en el artículo 27 que, en Nicaragua, los ciudadanos de otras nacionalidades tienen los mismos derechos y obligaciones que los nicaragüenses, haciendo una excepción clara que refiere a que ningún extranjero podrá intervenir en asuntos políticos del país”, explicó la funcionaria.
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Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.
Hernández advirtió sobre las sanciones que pueden enfrentar los extranjeros que infrinjan lo establecido en la Constitución y en la legislación migratoria.
“Nuestra legislación migratoria, que se desprende de la Constitución Política, establece en el artículo 11 la garantía de los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos de otras nacionalidades, y en su artículo 38 describe diversas causales que pueden ser motivo para revocar el permiso de estadía de un ciudadano de otra nacionalidad en el país”, precisó.
Entre ellas, participar en las políticas nacionales y alterar el orden público y la tranquilidad de las familias, pudiendo ser causal de deportación o expulsión, detalló.
Nicaragua cumple hoy 64 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de 200 personas.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
En algunas imágenes, difundidas en redes sociales, puede observarse cómo bomberos prestan auxilio a los bebés que se encontraba dentro de la casa, y en otras a los cadáveres de los adultos completamente calcinados.